Por petición del cabildante oficialista Víctor Cortés, las mayorías del Concejo de Manizales hundieron el Proyecto de Acuerdo 113 mediante el cual se pretendía ampliar por 20 años el impuesto de estampilla en beneficio de la Universidad de Caldas y la Universidad Nacional, sede Manizales, el cual le ha aportado importantes recursos a estas dos instituciones.

Esta no es la primera vez que se pone en riesgo el recaudo de este tributo. El exalcalde Juan Manuel Llano intentó, sin éxito, exonerar de este cobro a las obras de interés público de la ciudad y a los contratos de distribución de la lotería en 2009 y en 2012 el gobernador Guido Echeverri logró que la Asamblea Departamental redujera el porcentaje del impuesto del 2% al 1% para supuestamente comprar el Hospital Infantil o fortalecer el Hospital Santa Sofía. Las promesas de Echeverri nunca se cumplieron y, contrario a lo que se argumentó en aquella ocasión, se le dejó un hueco financiero a las universidades sin resolverse la necesidad que tiene Manizales de un verdadero hospital universitario.

La estampilla Universidad de Caldas y Universidad Nacional, sede Manizales, es un impuesto creado en 1998 con el fin de fortalecer áreas específicas de estas dos instituciones, como la inversión y mantenimiento de la planta física, los escenarios deportivos, la dotación musical y de bibliotecas, laboratorios y educación a distancia, entre otros. Gracias a este tributo, que es uno de los pocos vínculos directos de la Alcaldía y la Gobernación con la financiación de las instituciones de educación superior públicas de la región, la Universidad Nacional ha logrado cofinanciar varios de los proyectos que han fortalecido su campus y la Universidad de Caldas ha podido comprar instrumentos para la Orquesta Sinfónica, dotar el programa de Telesalud, adquirir un lote para la construcción de la IPS Universitaria, adecuar las Residencias Femeninas y Masculinas, avanzar en la remodelación y construcción de escenarios deportivos y vincular a casi 700 estudiantes de secundaria al programa “La universidad en tu colegio”.

Pese a su importancia manifiesta, el concejo hundió el proyecto con el que se pretendía prorrogar este impuesto, basándose en tres quejas del concejal Cortés: que los rectores de las universidades no hicieron suficiente cabildeo ante esta corporación; que ya se cumplió el recaudo de $50.000 millones de pesos que ordenó la ley inicial (Ley 426 de 1998); y que, según sus palabras, no se está “viendo ninguna contraprestación o beneficio en el municipio de Manizales”. Por un lado, no es cierto que ya se hubiera llegado al tope del recaudo de la estampilla: las universidades han recaudado desde 1998 un poco más de 25.000 millones en pesos constantes (como lo ordena la ley), esto es, la mitad del recaudo proyectado. Además, el año pasado fue aprobada la Ley 1869 que autoriza a la Asamblea y al Concejo a prorrogar por 20 años dicho impuesto con un recaudo límite de 300.000 millones de pesos, lo cual le permite al concejo aprobar un nuevo acuerdo para ratificar la obligatoriedad del tributo.

Por otro lado, señalar que no se debe ampliar la estampilla porque los rectores no hicieron suficiente antesala o debido a que las universidades le aportan poco a la ciudad, es desconocer el impacto académico, económico y cultural que tienen en la región, e ignorar el papel preponderante que juegan estas instituciones en la movilidad social de los ciudadanos, ya que admiten en su mayoría a estudiantes de bajos ingresos, cuyo único destino posible es la educación superior pública: el 93% de estudiantes de la Universidad de Caldas y el 87% de admitidos en la Universidad Nacional pertenecen a estratos 1, 2 y 3.

En medio de la desfinanciación crónica de las universidades públicas, la eliminación de los recursos que aporta el municipio indirectamente mediante la estampilla, se constituye en una agresión directa a instituciones que le han aportado innumerables logros a la ciudad. En lugar de recriminaciones estériles y argumentos que desconocen la relevancia de la educación superior pública en el desarrollo regional y nacional, el Alcalde y el Concejo de Manizales deben ponerse de acuerdo para que se presente nuevamente y se apruebe el acto a través del cual el impuesto de estampilla sea obligatorio durante los próximos 20 años.