Desde hace 14 años varias entidades públicas y privadas han realizado maniobras para desmontar las medidas de protección de la Reserva Forestal Río Blanco, una de las principales áreas de interés ambiental de Manizales y uno de los sitios más biodiversos del mundo.

El propósito principal de la flexibilización y eliminación de algunas normas, y la desatención a otras, ha sido abrirle paso a una megaurbanización en la zona adyacente a la Reserva Río Blanco, la cual por ley debe destinarse a la prevención y la mitigación. Sin la modificación del POT en 2003 por parte del alcalde Néstor Eugenio Ramírez; sin la sustracción de una zona del Área de Reserva Forestal Central, solicitada por el entonces secretario de Planeación José Fernando Olarte, quien luego fue gerente de la Constructora Berlín; y sin la aprobación del exalcalde Jorge Eduardo Rojas del Plan Parcial que diseñó el consorcio que pretende urbanizar La Aurora, hoy los manizaleños no estaríamos ante el riesgo inminente de que uno de los pulmones de la ciudad empiece a ser devorado, como sucedió con Monteleón.

Las maniobras para permitir la urbanización de la zona contigua a Río Blanco no terminaron con Rojas. La actual administración municipal objetó varias medidas mediante las cuales Corpocaldas pretendía proteger el área donde se aspira desarrollar una megaurbanización para más de 10.000 personas. Corpocaldas definió dentro del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Chinchiná -POMCA- que las áreas aledañas a Río Blanco debían cumplir una función amortiguadora, razón por la cual determinó que se debía establecer un anillo de contención de 700 metros dentro del cual se prohibía desarrollar cualquier tipo de urbanización.

A pesar de que lo que primó en la propuesta de Corpocaldas fueron los argumentos científicos, el respeto a la ley y la necesidad de proteger el territorio cercano a Río Blanco, el 4 de agosto de 2016 el secretario de Medio Ambiente de Manizales, Diego Fernando González, radicó un documento ante la autoridad ambiental en el que expuso las objeciones de la Alcaldía de Manizales frente al POMCA. En la comunicación, González manifestó que la administración municipal no estaba de acuerdo con que se prohibiera el desarrollo de urbanizaciones en la zona adyacente a la Reserva. Por el contrario, el secretario expuso que en el área “debe considerarse tener un desarrollo condicionado que le permita a los propietarios plantear proyectos de acuerdo a los usos establecidos en el POT”, es decir, que se permita el avance de construcciones como Tierraviva, no obstante el incumplimiento de normas nacionales y tratados internacionales, y el grave riesgo al que se expondrá la reserva que provee a los manizaleños del 35% del agua que consumimos.

Tras las objeciones de la Alcaldía de Manizales, Corpocaldas excluyó del POMCA la protección especial que le había asignado a la zona adyacente a Río Blanco, gracias a la cual se prohibirían las urbanizaciones en esa área.

Deja un muy mal sabor de boca que, además de las múltiples maniobras que se han realizado desde el sector público para favorecer intereses privados, el Consorcio de Felipe Calderón intente convencer por todos los medios a la ciudadanía de las supuestas bondades de un proyecto que afectará a las futuras generaciones. Los videos de apoyo al multimillonario proyecto en los que aparecen el alcalde Octavio Cardona y algunos periodistas de la ciudad, convertidos estos últimos en expertos del ordenamiento territorial por arte y gracia de CFC y Asociados, demuestran el extraño afán que tiene la constructora de obtener una licencia social que le seguirá siendo esquiva.

Frente a estas maniobras y el riesgo que se avecina para la ciudad, la convergencia Todos Somos Río Blanco ha convocado una marcha carnaval el próximo 1 de junio a las 6 de la tarde en la Torre del Cable, a la que están invitados todos los manizaleños.