Los colombianos seguimos padeciendo los efectos de la reforma tributaria de 2016. Además de profundizar la inicua estructura tributaria del país, basada en impuestos indirectos y regresivos como el IVA, la reforma ha propiciado que los hogares más pobres y de clase media tengan que pagar casi $50.000 pesos más en tributos cada mes, al mismo tiempo que ensancha la desigualdad del país, como lo demuestra el hecho de que el coeficiente de Gini antes de impuestos sea de 0,52 y después de ellos sea de 0,57 (Justicia Tributaria, 2017).
Además de estas consecuencias, la reforma tributaria le está tendiendo una emboscada a las entidades sin ánimo de lucro de Colombia. Mediante el Decreto 2150 de diciembre de 2017, el Ministerio de Hacienda reglamentó algunas disposiciones de la Reforma Tributaria frente a estas organizaciones. Las modificaciones que pretende adelantar el Gobierno nacional se basan en premisas falsas y que demuestran su desconocimiento del sector. Se busca hiper-reglamentar el desarrollo de las ONG y otras entidades, partiendo de la afirmación falsa de que en el sector no existe normatividad, a sabiendas de que desde la Constitución de 1886 hay normas para controlar estas organizaciones y que por ello hacen parte de un régimen especial sujeto a vigilancia y control. Señala también el Ministerio de Hacienda que las ONG son propensas a engañar, ocultar información y a blanquear dineros, cuando la realidad demuestra que la gran mayoría de estas entidades son creadas para contribuir en aspectos esenciales para la sociedad civil y no para ejercer actos de
corrupción.
El decreto plantea medidas que serán muy difíciles de alcanzar para la gran mayoría de entidades sin ánimo de lucro del país, que según algunas estimaciones, son más de 100.000. Para mantener el régimen especial, estas entidades tendrán que realizar un registro web en las páginas de la DIAN y en las propias, indicando los datos de los fundadores, los miembros de órganos de dirección, estados financieros, reportes anuales con todos los proyectos ejecutados, identificación de los donantes, monto de las donaciones y declaraciones de renta, entre otros. De entrada esto implica un nivel de organización y visibilización que pocas entidades poseen en la actualidad, ya que muchas desarrollan su labor meritoria sin buscar exposición pública y otras ni siquiera tienen página web -y les será muy difícil montar una- a raíz de su naturaleza, las actividades que desarrollan y los miembros que la conforman. La norma señala además que todas las actividades que desarrollen los miembros de las organizaciones, que generen alguna remuneración o pago, deberán hacerse mediante contratos o actos jurídicos ordinarios, lo cual, sumado al resto de exigencias, implicará la necesidad de contratar servicios de asesoría jurídica, contable y financiera casi permanentemente, con los gastos que esto acarrea.
El sistema de donaciones se desestimulará ampliamente ya que además de hacerse públicas en los sitios web de la DIAN y de las organizaciones, y de tener que ser manejadas a través de entidades financieras, el Decreto modifica los beneficios a los que tienen derecho los donantes, ya que los donativos no serán deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios, como en la actualidad, sino que propiciarán un descuento equivalente al 25%.  El plazo para cumplir con estos y más requisitos es el 30 de abril de 2018, lo cual depara un panorama gris para las entidades sin ánimo de lucro del país. La entrada en vigencia de este decreto fomentará no solo la informalidad, ya que está demostrado que la tramitomanía y las exigencias ajenas a la realidad promueven la evasión de las normas, sino que profundizará la desorganización de la sociedad civil, que mediante estas organizaciones se une para desarrollar actividades valiosas y para alcanzar propósitos comunes y altruistas.
El Decreto 2150 de 2017 debe ser derogado o su entrada en vigencia debe ser pospuesta ya que no busca adecuar el derecho a la realidad y a las necesidades de la sociedad, por el contrario, pretende que la realidad se ajuste a exigencias absurdas, que terminarán modificando la naturaleza de las entidades sin ánimo de lucro y erosionando la marchitada organización social del país.