A pocos meses de culminar el gobierno de Juan Manuel Santos, mandatario que tuvo como obsesión convertir a Colombia en una “Locomotora Minera”, se expidió el Plan Nacional de Desarrollo Minero con horizonte a 2025, hoja de ruta del sector para los próximos 7 años.

El Plan retoma los pilares de la Política Minera de Colombia de 2016, dejando nuevamente por fuera a la minería tradicional y equiparándola con la minería criminal, a pesar de que 2 millones de personas en el país dependen de ella. El documento señala la preocupación del gobierno por la autonomía que poseen los entes territoriales en materia de minería y extracción de recursos naturales a través del ordenamiento territorial, dejando además entrever su rechazo a las consultas populares, las cuales son vinculantes tal y como lo ordena la ley y como lo reconoció la firma Norton Rose Fulbright, asesora de trasnacionales mineras en Colombia, al señalar que “es claro que las consultas populares son mecanismos de participación ciudadana que pueden restringir las actividades mineras en los municipios o departamentos” (2016). Sigue siendo problemático para el gobierno que las comunidades utilicen los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Constitución, con lo cual se refuerza un dicho popular, que indica que en Colombia los derechos están garantizados hasta que alguien piensa ejercerlos.

Esta visión del campo minero, basada en la exclusión del Estado, la criminalización de los pequeños mineros y la primacía de la minería a cielo abierto operada por compañías multinacionales, es compartida por varios candidatos presidenciales, como se evidenció en el encuentro realizado por la Andi a inicios de marzo. En el evento, Germán Vargas Lleras, Iván Duque y Juan Carlos Pinzón expresaron que en sus eventuales gobiernos no se prohibiría el fracking, método de fracturación hidráulica prohibido en gran parte de Europa debido al depredador efecto que produce la introducción de 596 productos químicos a 2.500 metros bajo tierra, para lo cual se requiere usar entre 4 y 28 millones de litros de agua, como se exhibe en el documental Gasland del realizador Josh Fox (2010). Los tres candidatos coinciden también en señalar que la minería seguirá siendo el eje de la economía nacional, y en el caso de Vargas Lleras, asegura que castigará a las regiones que prohíban la actividad minera, amenazando a los territorios que decidan destinar su economía a otros renglones con pegarles un coscorrón monetario al no girarles parte de las regalías que les corresponden.

El debate sobre la minería en Colombia no debe ser en blanco y negro. La minería es necesaria y seguirá siendo fuente de empleo y de materias primas para la producción hasta que se establezcan nuevas tecnologías y se renueve la forma de generar energía. Lo inaceptable es que el gobierno y las multinacionales hayan impuesto en el país un modelo minero que no se articula con otros sectores, se basa en las exportaciones, trata a los pequeños mineros como delincuentes y ubica al Estado como un simple notario de la actividad de los particulares.

Pretender perpetuar el modelo actual es proponerles a los colombianos que la minería del siglo XXI siga siendo la reedición de la minería de la época de la colonia. El país necesita dar pasos hacia adelante y no elegir a los mismos con las mismas, que plantean que este tipo de minería debe ser la base de la economía nacional, como si no fuera suficiente la experiencia de otros países, que vieron estallar sus finanzas debido a la debacle de los precios internacionales y a la extrema dependencia de la explotación de recursos naturales.

Coletilla: gracias a los más de 12.500 habitantes de Caldas que me apoyaron con su voto en las elecciones a Cámara de Representantes el pasado 11 de marzo. No alcancé a obtener la curul pero su confianza y respaldo me dan el derecho a comenzar de nuevo.