Desde el pasado 30 de junio, el controvertido consorcio argentino SUTEC S.A tomó control de las Zonas Azules de Manizales, en una operación que muchos -con razón- han descrito como una abierta privatización del espacio público local.

A raíz de los cuestionamientos de diversas ONG de la ciudad como la Corporación Cívica de Caldas y Manizales En Común, la Contraloría Municipal realizó una auditoría para analizar el proceso de licitación pública mediante el cual se le adjudicó la administración de las Zonas Azules a una trasnacional. El ente de control realizó dos hallazgos y concluyó que las secretarías de Salud y Tránsito, firmantes del convenio a nombre del municipio de Manizales, no cumplieron a cabalidad con los principios de transparencia, responsabilidad y economía.

La Contraloría señala que el análisis del sector, estudio de planeación que debe realizarse para adjudicar responsablemente un contrato público, fue absolutamente vago y carente de rigor técnico, financiero y jurídico. En el escueto estudio de seis páginas no se analizaron, entre otros, el impacto laboral y económico de las Zonas Azules, los balances financieros de los anteriores operadores, el histórico de tarifas de parqueo en esta modalidad, las dinámicas de los parqueaderos y su relación con el estacionamiento en espacio público o el actual número de vehículos en la ciudad.  

La falta de planeación y de conocimiento del sector propició, según la lupa de la Contraloría, que se impusieran requisitos a los proponentes que nunca estuvieron sustentados. Esto significa que los criterios de selección, en los que primó el poder económico y mediante los cuales se designó finalmente a la empresa extranjera, correspondieron, no a pautas objetivas derivadas de un estudio juicioso, sino a la voluntad de los funcionarios públicos encargados del proceso. Es preocupante que esta alta discrecionalidad se dé en un contrato de 34 mil millones de pesos, cifra que aspira recaudar SUTEC S.A durante los seis años de duración de la concesión. Por estas razones la entidad de vigilancia ratificó que debido a “la cuantía determinable del negocio jurídico en cuestión, que puede ser uno de los más grandes que celebre la presente administración, y por el impacto que en diferentes campos puede llegar a representar, requería de un estudio minucioso y detallado”.

Se advierte además que uno de los posibles efectos de la falta de planeación es el desequilibrio en la ecuación contractual, esto es, el riesgo de que más adelante se deban hacer ajustes a la tarifa de parqueo, bien sea porque la empresa esté obteniendo más ingresos de los esperados o porque ésta alegue que el recaudo no es suficiente para mantener la operación y para garantizar su ganancia y solicite elevar aún más la tasa para los usuarios.

El otro hallazgo tiene que ver con la modificación irregular del pliego de condiciones. Dos días antes de cerrarse el proceso, la administración municipal modificó el requisito del capital de trabajo del futuro concesionario, reduciéndolo del 25% al 15%. Nuevamente, el cambio se dio sin justificación ni soportes y en contravía de lo estipulado en el Estatuto Anticorrupción, donde se señala claramente que estos cambios no pueden darse dentro de los 3 días hábiles anteriores al cierre.

La improvisación y los afanes en el proceso de licitación propiciaron que se le otorgara un multimillonario contrato a una sociedad comercial que aparece en los Panamá Papers, es decir, que puede evadir impuestos en cualquier momento, según lo ha advertido la Superintendencia de Sociedades.

La lógica de negocio que se le incorporó a un programa, que fue bandera en términos sociales, deja un panorama desalentador: 90 personas en situación de discapacidad y vulnerabilidad siguen sin empleo, muchos de los trabajadores actuales padecen jornadas laborales de 12 horas sin contar con respaldo institucional de la Alcaldía de Manizales o el Ministerio de Trabajo y los usuarios se sienten irritados porque gran parte del incremento en las tarifas ha beneficiado a una empresa privada. La improvisación oficial en las Zonas Azules la han pagado los ciudadanos de a pie y los sectores más vulnerables de la población. Ojalá se haga justicia.