La periodista canadiense Naomi Klein acuñó la categoría de doctrina del shock para explicar el proceso de privatización que se ha impulsado en países que afrontan momentos convulsos. Este shock, derivado de crisis económicas o políticas, según el impulsor del liberalismo económico extremo Milton Friedman, debe ser aprovechado por gobernantes y especuladores para lograr reformas que antes eran políticamente imposibles pero que en medio de esa situación se venden fácilmente como inevitables.

En términos educativos, lo que se viene en Colombia bajo el gobierno de Iván Duque es la aplicación pura y dura de la doctrina del shock, toda vez que su programa de gobierno y sus primeros movimientos permiten concluir que se valdrá del ambiente político crispado del país y de sus mayorías en el Congreso para impulsar reformas muy agresivas en este campo.

En el proceso de empalme en educación entre los gobiernos Santos-Duque, el equipo del nuevo Presidente, conformado por banqueros, inversionistas y rectores de universidades privadas como Pablo Nava, de Los Andes, y Gabriel Cadena, de la Autónoma de Manizales, señaló que los principios que regirán el campo educativo serán: más mercado y competencia, derechos con corresponsabilidad y gastar mejor antes de gastar más. Como si a la educación no le hiciera falta plata o como si necesitara más tratamiento bajo la lógica del mercado, Duque propone profundizar un modelo fracasado y pretende aprovecharse del terreno normativo y financiero legado por Juan Manuel Santos, a quien nadie extrañará en términos educativos.

El presidente entrante ha indicado que para asegurar las fuentes de financiación del sistema educativo impondrá un IVA “social” y ampliará la base para el pago del Impuesto sobre la Renta, razón por la cual ha anunciado el impulso a una nueva reforma tributaria, la cual, como las anteriores, previsiblemente afectará a trabajadores y clases medias y beneficiará a los sectores ya privilegiados. Duque pretende además modificar la Evaluación Docente de Carácter Diagnóstico Formativa ganada en los paros nacionales, que permite la reubicación salarial y el ascenso de los docentes de educación básica y media, ya que, según él, ha sido cuestionada y tiene un alto impacto fiscal.

El nuevo gobernante busca sacarle el jugo al Sistema de Financiación Contingente al Ingreso que dejó Santos aprobado mediante la Ley 1911 de 2018, el cual se basa en una filosofía perversa: el Estado no asume la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación sino que se encarga de brindar acceso a créditos educativos, los cuales serán pagados cuando el graduado empiece a trabajar. Bajo esta lógica, Duque otorgará “becas” y nuevos cupos bajo diferentes modalidades en las universidades públicas, para después cobrarle a los egresados desde el 12% hasta el 19% del salario que empiecen a percibir una vez ingresen al mundo laboral.

A la par de que no se dice una sola palabra sobre el fortalecimiento a la financiación de las instituciones públicas, Duque plantea reformar el Sistema General de Participaciones (de donde salen los recursos para preescolar, básica y media) para incluir dentro de las fuentes de financiación de la educación pública el aporte voluntario de los padres de familia.

Lo más grave es que todas estas acciones, que incluyen reformar la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1279 de 2002, pretenden ser desarrolladas mediante el otorgamiento de Facultades Extraordinarias al Presidente, con lo cual Duque, legislaría “solito” en esta materia sin el concurso y participación del Congreso de la República.

Teniendo en cuenta el alcance de las propuestas de política en materia educativa y en otras áreas, no es extraño que el nuevo gobierno ande pensando en limitar las protestas porque con plena certeza ante este mar de reformas se vendrá una oleada de movilización social para intentar frenarlas.