En el documental Réquiem por el sueño americano (2016), Noam Chomsky relata que, ante el avance de la movilización política de la clase obrera y los movimientos sociales en Estados Unidos en las décadas del 50, el 60 y el 70 del siglo pasado, años en los que se conquistaron derechos laborales, civiles y sociales paradigmáticos, algunos sectores de la élite económica de ese país, amenazados por la reducción de sus privilegios, empezaron a cuestionar abiertamente los alcances de la democracia. La Comisión Trilateral, organización comandada por el banquero David Rockefeller, planteó en un documento denominado La crisis de la democracia (1975) que la democracia había “provocado un desmoronamiento de los medios clásicos de control social, una deslegitimación de la autoridad política y una sobrecarga de exigencias a los gobiernos” y que ante estos avances se debían imponer límites a las expresiones democráticas.

El fundamento de la reacción de la élite norteamericana en ese entonces fue la creencia arraigada de que la participación social es un riesgo para la libertad económica y toda vez que el libre mercado es el eje de la sociedad, otras libertades y la misma democracia deben someterse a sus designios. Algo similar sucede en Colombia en el debate sobre el poder de decisión de las comunidades y los entes territoriales en asuntos mineros y petroleros. La Corte Constitucional acaba de cambiar su opinión respecto a las consultas populares en las que se indaga sobre la voluntad de una población en los proyectos mineros.

A pesar de que en 2016 esta corporación indicó que los municipios tenían la facultad de tomar decisiones sobre el subsuelo y por ende podían prohibir la minería en su territorio (Sentencia T-445 de 2016), en una decisión reciente la Corte manifestó que las decisiones de los entes territoriales sobre la exploración y explotación de recursos naturales no renovables del subsuelo deben ser concertadas con las instituciones centrales del Estado y que por ende los municipios no tienen autonomía para decidir al respecto (Sentencia SU-095 de 2018).

La determinación también contraría la Ley 1757 de 2015 en la que se señala que la decisión del pueblo es obligatoria en todo mecanismo de participación democrática y va en contravía de un reciente pronunciamiento del Consejo de Estado en el que se ratificó que los municipios tienen competencia para reglamentar el uso del suelo respecto a la actividad minera y petrolera (Sentencia 2017-02389 de abril 5 de 2018).

Este giro implica que el órgano que interpreta la Constitución Nacional les da prelación a los derechos económicos de un sector y le asigna un rol menor al derecho fundamental de los ciudadanos a participar en las decisiones económicas, políticas, administrativas y culturales de la nación.

Esta interpretación, semejante a la adoptada por la Comisión Trilateral en la década del 70 en Estados Unidos, es la que tienen las compañías mineras transnacionales y algunos órganos comerciales nacionales respecto a procesos democráticos como las consultas populares. La firma jurídica trasnacional Norton Rose Fulbright, que hace parte del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Minería (organización que paradójicamente está compuesta en más de un 80% por empresas extranjeras), ha indicado en sus análisis que las Consultas Populares junto a las áreas protegidas, el poder de las autoridades locales en materia ambiental y las consultas previas, son barreras para que las empresas desarrollen su labor (Retos legales de los inversionistas en la industria de carbón, 2018). Esto mismo piensa Fenalco, la entidad que hasta hace poco dirigió el actual ministro de Defensa Guillermo Botero, ya que en un reciente informe expresa que las luchas sociales, las consultas populares y las consultas previas son riesgos y amenazas para el libre mercado. Por eso no es extraño que además de torpedear los mecanismos de participación ciudadana, desde el gobierno se hable de “reglamentar” la protesta social.

Queda en evidencia que el modelo extractivo impuesto en el país a partir de 2001, al igual que el modelo de desarrollo establecido desde la década del 90, se basan en la negación de la democracia y en la limitación de los derechos.

La respuesta de la ciudadanía ante estos ataques debe ser precisamente fortalecer el ejercicio de la democracia y endurecer la movilización política para alcanzar cambios en el modelo de desarrollo y en la participación ciudadana.