Causó enorme sorpresa que en el foro sobre la situación económica y deportiva del Once Caldas S.A., la principal propuesta de salvación financiera no surgió de los dueños y administradores del club, de las otras empresas privadas de la región o de los hinchas del equipo sino del alcalde de Manizales.

Octavio Cardona señaló que si el problema del Once Caldas S.A. es de plata, él está dispuesto a emprender acciones para ayudar a esta sociedad anónima y por lo tanto propone realizar una consulta popular con el objetivo de preguntarles a los manizaleños si están de acuerdo con aportar 50 pesos adicionales en el transporte público para salvar al equipo de la crisis.

La proposición del alcalde asombra, no solo por el desmedido interés de un servidor público en estos temas, sino también por sus efectos prácticos y por su abierta ilegalidad e inconstitucionalidad. El nuevo cobro afectaría a las más de 200 mil personas que nos movilizamos diariamente en transporte público, sin importar que haya gente que no es hincha del equipo o que siéndolo no desea aportar recursos adicionales, que muchos no tendrían la capacidad de soportar un nuevo incremento en el pasaje (que ya subió el 8,8% en las busetas este año) y que la mayoría no recibiríamos un beneficio directo por la contribución.

El objetivo de la propuesta del señor alcalde no es que los hinchas adquieran parte del club o que se democratice más su propiedad. El propósito es que quienes montamos en bus le aportemos al equipo $5.000 millones de pesos al año para que éste supere sus líos económicos. Y esa es precisamente la parte más compleja de la proposición. Una cosa es que el Once Caldas S.A. sea una institución muy querida por su trayectoria deportiva y por su relevancia cultural para la ciudad y el departamento, pero otra muy diferente es que se plantee que los manizaleños debemos regalarle una millonada a una entidad privada, que en 2014 obtuvo ganancias por casi 15.000 millones de pesos, los cuales fueron distribuidos entre sus socios y no entre todos los habitantes de la ciudad, pues así operan las sociedades anónimas (Superintendencia de Sociedades, 2016).

En términos legales, la propuesta de Octavio es aún más inviable. Los alcaldes no pueden convocar a una Consulta Popular para indagar sobre la posibilidad de imponer una nueva carga económica a los ciudadanos ya que no tienen facultades para crear nuevos tributos y está expresamente prohibido que este tipo de temas sean consultados a través de este mecanismo. Además el objeto de la nueva contribución no estaría ligado a la materialización de los fines esenciales del Estado (servir a la comunidad, promover la prosperidad general, etc.) y violaría las normas mediante las cuales se fija la metodología para calcular los costos del transporte público, al incluir un factor ajeno a los costos del servicio (Orozco Tamayo, 2017).

Esperemos que el Once Caldas S.A. encuentre alternativas y mejore sustancialmente su manejo interno, que los hinchas emprendan más acciones para lograr cambios democráticos en el equipo y que la creatividad del alcalde de Manizales para resolver problemas no se limite a este asunto y la ponga en práctica, por ejemplo, en la consecución y asignación de mayores recursos para salud, educación y cultura, estos sí, temas prioritarios para toda la población.