Recién terminamos una campaña política en la puja por la Presidencia de la República que culminó con la elección del doctor Iván Duque como presidente de todos los colombianos. En el desarrollo del debate electoral fui interrogado por dignatarios de algunas campañas sobre el futuro de la educación en nuestro país y literalmente me preguntaron: “Profe, ¿qué debemos hacer con la educación en Colombia?”. Inicialmente, debo manifestar que sé de la buena fe y de la buena intención de las personas que me indagaron, porque las conozco personalmente y reconozco su profesionalismo y su sentida preocupación por la educación pública. Sin embargo, no tengo la misma seguridad acerca de la voluntad política de los futuros gobernantes de hacer lo que se necesita en materia educativa para direccionar al país por las sendas de la calidad y la excelencia. 
Quisiera compartir con ustedes la respuesta que di a tal interrogante: “En Colombia lo que tenemos que hacer en materia educativa es cumplir la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994”. 
En una de las campañas se habló sobre un pacto nacional por la educación, pero dicho acuerdo ya se hizo. En efecto, el país registró un gran consenso después de proclamada la Constitución del 91, y durante 1992 y 1993 se desarrolló una conversación incluyente que culminó en la Ley General en 1994, que, dicho sea de paso, ha sido reconocida por expertos como la ley más progresista de América Latina. Leerla causa dos sentimientos. El primero es de satisfacción y esperanza, porque les probamos al país y al mundo que sí es posible llevar a cabo un diálogo nacional fértil aun en medio de profundas diferencias; eso fue precisamente lo que sucedió a comienzos de la década de los años 90. La segunda sensación, sin embargo, es de desconfianza y preocupación, sencillamente porque el alto Gobierno Nacional y el aparato legislativo, tres años después de promulgada la Ley General, se dedicaron a modificarla, no a desarrollarla ni implementarla.
Hoy, veinticuatro años después, esta ley no solo no se ha aplicado, sino que ha sido cambiada en su esencia y en su naturaleza; adicionalmente, buena parte de los artículos que no se han sido derogados, tampoco se han cumplido. 
Veamos un primer ejemplo. En su artículo 18, la Ley plantea el nivel de educación preescolar de tres años, para implementarla progresivamente, pero hasta hoy no ha habido ningún avance y solo a raíz del paro del año pasado se pactó iniciar con el preescolar de cuatro años a partir de 2020. Otro ejemplo: la Ley General de Educación en sus artículos 20 y 23 define como prioridad la formación en educación física y artística en básica primaria, y determina estas áreas como obligatorias y fundamentales, pero a contrapelo de esto la Ley 715 de 2001 elimina cualquier posibilidad de tener docentes especializados en estas áreas. Son numerosos los ejemplos que podríamos citar para ilustrar lo aquí afirmado en el sentido de que hemos derogado una gran norma, totalmente saludable para los intereses de la escuela, pero que requería la voluntad política del alto gobierno para su implementación. Pero sus funcionarios se han dedicado a lo largo de dos décadas a recortar todos los beneficios que la escuela pública había logrado como resultado de un gran pacto nacional por la educación.
Lo que hay que hacer está claro, la agenda nacional en materia educativa está definida y la ruta está trazada. ¿Qué hace falta? La voluntad política del alto gobierno para retomarla e implementarla. Usted tiene la palabra, señor presidente.