A pesar de los avances alcanzados en el desarrollo cultural en el mundo, no faltan los riesgos de restricción de los derechos civiles que asedian a diferentes naciones. Grupos económicos con poder en el manejo de lo público, así como colectividades políticas con responsabilidades de gobierno o grupos con capacidad de imponer sus decisiones mediante acciones de fuerza desde la ilegalidad, se apartan de los principios democráticos y le ponen barreras a la libertad de expresión en el empeño de distorsionar la información cuando esta pueda afectar sus intereses.
Y, precisamente, Colombia no está exenta de esa encrucijada, según lo que ha ocurrido en días recientes. Las prohibiciones sobre preguntas al Presidente de la República en Radio Nacional, así como el proyecto de ley que cursa en el Congreso destinado supuestamente al fortalecimiento de los medios que utilizan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, son señales negativas, tanto como otros hechos de abierta o velada censura a programas virtuales.
El artículo 20 de la Constitución de Colombia dice:
“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.
Esa norma de la Carta, que es columna vertebral de la nación, se ha visto afectada por hechos contrarios. Algunos medios y periodistas han sufrido hostigamientos en su ejercicio y han pagado hasta con sus vidas la divulgación de información veraz sobre casos de abuso de poder, corrupción y otros actos punibles cuyos protagonistas o actores se mueven en los escenarios oficiales o hacen parte de los carruseles de tráficos ilícitos.
La Fundación para la Defensa de la Libertad de Prensa, Flip, ha denunciado problemas recurrentes que afectan el ejercicio del periodismo en Colombia, así como los proyectos que pueden implicar mordazas contra la independencia de los comunicadores. Esas alertas deben tomarse en cuenta a fin de evitar que se conviertan en prácticas cotidianas en perjuicio de la buena calidad de la información, basada en la veracidad, la precisión, el contexto y la transparencia.
Sería muy grave volver a la censura que estranguló a los medios de comunicación en Colombia entre 1949 y 1957, época marcada por los regímenes cavernarios inspirados por el sectarismo y el militarismo de impulsos represivos y hasta criminales.
Fue la emboscada oficial contra las libertades, con unos efectos desastrosos, los cuales erosionaron la convivencia y se convirtieron en una crisis de profundidad, cuyas secuelas todavía se prolongan con todos sus deletéreos estragos.
Es preocupante la coincidencia entre las políticas contra la libertad de expresión del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y las que se están cocinando en Colombia con la paternidad de su mandatario Iván Duque. Es una unión perversa, así se insulten cada vez que hablan.

Puntada
En la separata de la revista Semana dedicada a los Derechos Humanos, los juristas Juan Méndez y Santiago Martínez Neira escriben:
“Hoy, lamentablemente, somos testigos de medidas represivas a partir de la concentración del poder en gobiernos cuyos líderes –aunque surgidos de la voluntad popular- asumen que su mandato es una oportunidad para ejercer la autoridad sin respetar los derechos humanos. En los países del sur global, como en los más poderosos, se cierne esta amenaza contra la dignidad humana representada por el despotismo y el populismo”.