El gobierno ha divulgado el proyecto de decreto-ley por el cual se adoptan disposiciones de ordenamiento social de la propiedad y tierras rurales para contribuir a la implementación de la reforma rural integral contemplada en el acuerdo firmado entre el presidente Santos y las Farc.
Es el camino escogido para evitar el debate y un posible o eventual revés en una votación sobre el articulado del proyecto. Se acude al decreto que permiten las facultades extraordinarias y no a la presentación de un proyecto de ley, así sea mediante el dictatorial mecanismo del fast track, ya que los proyectos que implementan el falso acuerdo se aprueban cada vez con menos votos en el Congreso y corren el riesgo de que en debates amplios puedan ser negados en un tema como el de las tierras que es del mayor impacto en las regiones y los congresistas evalúan muy bien su voto en algo tan trascendental. Se vende la idea de una socialización del decreto-ley en las regiones, pero conocemos que estas no pasan de ser reuniones de carácter informativo y las propuestas que se hacen en esas manipuladas reuniones son solo observaciones que les permitirán validar el supuesto consenso. 
La polémica con un decreto-ley de 166 artículos, se centra en uno de ellos, el 101, el cual pretende establecer una legislación en materia de extinción del derecho de dominio agrario, que genera incertidumbre, inseguridad jurídica, afecta en forma peligrosa la empresa y la iniciativa privada y enrarece todo el articulado. Queda en manos de unos funcionarios administrativos establecer si una tierra es adecuadamente explotada o aprovechada económicamente o si los propietarios violan gravemente disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables o las de preservación y restauración del medio ambiente. Es la interpretación o la justificación de un funcionario frente a las distintas causales que puedan existir para que un predio durante un tiempo no pueda ser explotado. Estas pueden ser circunstancias producto de un invierno, de una prolongada sequía, de la ausencia de Estado que incumple y no llega con los bienes públicos necesarios para mejorar la productividad, la ausencia de trabajadores que prefieren irse a laborar en los cultivos ilícitos, falta de asistencia técnica, las características de la tierra que requieren enormes inversiones para hacerlas productivas y rentables, en fin, quedarán los propietarios rurales sometidos a confrontar con la burocracia estatal y demostrar ante los jueces que la inversión en sus tierras cumple con lo que un confuso y denso articulado establece, negando la posibilidad de inversión que realmente transforme la agricultura en una actividad generadora de empleo, desarrollo y además garantice producción suficiente para la demanda alimentaria de la nación.
El artículo 88 implica que una autoridad administrativa, la Agencia Nacional de Tierras, pueda adquirir predios mediante expropiación para dar cumplimiento a los acuerdos de paz, sin detallar o definir qué tierras, qué extensión, cuándo y cómo se podría hacer esta expropiación, dejando a la propiedad privada en la incertidumbre de la inseguridad jurídica. Según los artículos del 95 al 104, una dependencia administrativa, la UPRA, tendrá la potestad de establecer cuándo unos predios estarían siendo inexplotados, aplicará sanciones y definirá a su entender a partir de qué tamaño de la extensión se impondrán, no lo establece el decreto-ley, sino que queda a la decisión del funcionario. Esta sí sería toda un arma que puede utilizar un gobierno a discreción al mejor estilo chavista.
Este decreto-ley busca llevarnos a una situación en la que el Estado planifica la producción y señala qué y dónde sembrar, y a que tener una tierra adquirida de manera legal, queda supeditado a lo que disponga el gobierno so pena de expropiación. Esto acaba con la inversión y el emprendimiento privado en el sector rural. De aquí a acabar la libre competencia y a la fijación de precios por el gobierno hay un solo paso, esto ocurrió en Venezuela y allí ya no existe producción agrícola, ni agroindustria, ni empresa que se le parezca, que no sea mal manejada por el gobierno.
Esperábamos ver en la prometida reforma rural integral de este lánguido gobierno, los recursos y la ejecución de planes y políticas públicas para el sector rural, en materia de asistencia técnica, crédito, comercialización, educación, salud y vivienda rural, pero no, lo que viene es la imposición vía decreto de unas medidas acordadas con las Farc para atropellar el legítimo derecho constitucional a la propiedad privada y consolidar en el campo colombiano la perpetuación de la pobreza. No olvidemos que los narcoterroristas de las Farc defienden el socialismo del siglo XXI, para ellos Cuba y Venezuela son el modelo a seguir, y con este proyecto vía “ley habilitante” de Santos lo están logrando.