Veníamos hablando de la consulta anticorrupción que se votará el próximo 26 de agosto. Decíamos que era un papayazo que nos han puesto y que podemos convertirlo en una orden ciudadana para que el Congreso mejore la política. El presidente Iván Duque ya dijo que presentará proyectos de ley para algunos de estos temas anticorrupción, lo cual complementa la consulta y además prueba que estas reformas no existen o que, si existen, requieren afinarse en lo legal. Lo que también debe saber el Presidente es que sin el Sí de la consulta, se corre el riesgo de que estas iniciativas y las que faltan vuelvan a ser rechazadas por los congresistas.

Íbamos para la pregunta 3. Tres:
La consulta preguntará si queremos obligar a las entidades a usar pliegos tipo en sus procesos de contratación. Se refiere a que los gobernantes no puedan diseñar las licitaciones ni los contratos para que se los ganen las empresas de sus financiadores de campaña o de sus cercanos, sino que deben seguir un prototipo prediseñado y obligatorio para todo el país. El Congreso acaba de aprobar la Ley 1882 de 2018 que obliga a usar pliegos tipo, pero solo para los contratos de obra pública, especialmente para vías. Así que de ganar la consulta se podrá contar con leyes de pliegos tipo para otros contratos delicados: suministro, consultoría, interventoría, concesión, etc.
Con la consulta también se busca mitigar la contratación directa y las licitaciones de un proponente. El Congreso tendría que hacer obligatoria el uso de la Tienda Virtual para evitar sobrecostos, la implementación de las la guías de Colombia Compra Eficiente para garantizar estudios de mercado y convocatorias realmente abiertas en la etapa precontractual. Hoy no son del todo obligatorias.

Cuatro: 
La consulta pregunta sobre fortalecer los presupuestos participativos y su rendición de cuentas. La Ley 1551 de 2012 introdujo los presupuestos participativos como una herramienta para planear recursos que en la práctica quedan de libre destinación. No son los de funcionamiento ni los de proyectos centrales de los planes desarrollo, son los que suelen ser conocidos como “la mermelada”, aquellos que los gobiernos dejan bajo el control de los políticos. Sin embargo, esa ley no hizo obligatorios estos presupuestos, simplemente los dejó a discreción de los concejos y asambleas. Apoyar la consulta podría remediar la falta de obligatoriedad, pero además garantizaría que esta participación de barrios y comunas se haga a través de audiencias públicas, abiertas, transparentes.
De los presupuestos participativos se ha hablado poco sobre su capacidad para atacar el clientelismo. El clientelismo depende de la capacidad que tienen algunos políticos para hacer pasar como favores personales, y como contraprestación de votos, la ejecución de proyectos barriales y veredales, o el mejoramiento en los servicios. Los presupuestos participativos permiten que los barrios y las veredas vayan directamente a reclamar los proyectos que necesitan, evitando intermediarios y recordando que esos recursos ni pertenecen a la politiquería ni deben ser controlados por ella.

Cinco y seis:
Estas dos preguntas harán posible que los congresistas, diputados y concejales divulguen la información de su gestión (asistencias, iniciativas, debates), y hagan pública su declaración de rentas y bienes, su relación con personas o grupos de lobby y sus conflictos de interés. Hoy algunas de estas obligaciones existen, pero suceden dos cosas: (1) son documentos que no garantizan veracidad o calidad en la información, algunos todavía se llenan a mano; por ejemplo, recientemente el portal Cuestión Pública reveló que en la declaración de bienes del senador Arturo Char (del clan empresarial de Barranquilla) solo aparece una cuenta de ahorros con 2 millones de pesos. (2) Son documentos que dejan engavetados en las presidencias y secretarías de las respectivas corporaciones, porque no existe la obligación de publicarlos para el alcance de la ciudadanía. 
La consulta permitiría definir formatos o documentos precisos que garanticen la veracidad y obligaría a que por pública se entienda no solo llenarla y entregarla a la corporación respectiva, sino divulgarla para el acceso de la ciudadanía.

Siete:
El apoyo a esta pregunta obligaría a que el Congreso limite a tres periodos la permanencia de los congresistas. No solo tendría que pensarse como una oportunidad para la renovación permanente de la política y de los partidos. También es la posibilidad de atacar ese rol del cacique que tanto depende del tiempo de atornillamiento en el Congreso y del tiempo de abuso en la relación con el Gobierno y su presupuesto. Podría implicar un cambio en la Constitución, la cual el Congreso no podrá evitar discutir.