La consulta anticorrupción es papaya puesta. Y si nos la tomamos en serio puede ser papaya partida y comida. El gobierno saliente, el gobierno entrante y los partidos nos han dejado este papayazo a la mano para que nos preguntemos si queremos que se regulen 7 temas que podrían llegar a prevenir mejor la corrupción.
Es cierto que cambiar instituciones y normas no nos hace totalmente infalibles ante la corrupción. El corrupto es un topo que siempre construye un hueco nuevo. Pero bueno, si bien no nos hacen infalibles, sí existen instituciones y normas que, primero, se la ponen más difícil a los corruptos y que, segundo, le entregan a los ciudadanos mejores herramientas para que puedan actuar antes y prevenir. Así el topo cada vez tiene menos espacio para cavar y es más fácil detectarlo.
La consulta anticorrupción que se votará el 26 de agosto tiene dos cosas buenas. La primera es que encarna una oportunidad de transformación con normas e instituciones. Para que no todo se lo dejemos a las campañas y a la educación, y para que le exijamos a la política lo mismo que le exigimos a la cultura. 
Segundo, es una consulta. Es decir que con ella no se aprueba una norma específica sino que, en caso de aprobarse, se le da una orden al Congreso o al Presidente para que regulen y reglamenten los temas. En otras palabras, lo que en la consulta parece simple o insuficiente, es lo que podría regularse al detalle en las normas que se obliguen a expedir en caso de ganar el Sí.
Veamos los dos primeros temas que se votarán.
Uno: 
La consulta nos preguntará si estamos de acuerdo con que los salarios de los congresistas y altos funcionarios sean reducidos a un tope de 25 salarios mínimos mensuales. Solo el de los altos funcionarios, la consulta nada dice sobre reducirlo a los demás empleados del Estado. 
Este parece ser el tema más polémico o el tema que se ha tildado de mayor populismo. El asunto no ha sido pacífico dentro de la academia. Susan Rose-Ackerman --autoridad mundial en la lucha contra la corrupción-- ha insistido en que un salario bajo es fuente de corrupción, pues al percibir una mala remuneración, los empleados del Estado tienen menos reparos ante el soborno. Sin embargo, existen posturas contrarias que en su lugar resaltan cómo la corrupción suele estar protagonizada por personas con altísimos ingresos.
De todas formas, en el contexto colombiano puede verse que los salarios altos de los funcionarios, especialmente en el Congreso, se han convertido en un botín por cooptar, el cual además cumple un rol en los entramados de la financiación irregular de campañas, del lavado de activos y de las simulaciones en la negociación de bienes. Visto así, a la reducción de estos sueldos sí le cabe un lugar en la lucha contra la corrupción. Como una especie de intermedio, los profesores Pablo Sanabria y María Margarita Zuleta --de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes-- han propuesto que la remuneración de los congresistas mejor esté supeditada al cumplimiento de funciones y metas, una postura que abriría la puerta a sueldos más bajos pero con la posibilidad de incrementos de acuerdo al desempeño. Algo por definir una vez la consulta obligue a modificar el tema.
Dos: 
La consulta preguntará si queremos que los corruptos paguen sus penas en la cárcel, no en reclusión especial, si estamos de acuerdo con que se puedan terminar unilateralmente los contratos públicos que lleven ellos y sus empresas, y si por ello deseamos que queden inhabilitados para contratar.
Hay que resaltar que no se está proponiendo un populismo punitivo con nuevas penas. Se trata mejor de impedirle a los corruptos algunos beneficios carcelarios, no solo como un mecanismo adicional de disuasión, sino como una fórmula para que no salgan de prisión a manipular las investigaciones ni los bienes con los que deben reparar.
Frente a la terminación de sus contratos y a su sanción, habrá que revisar cómo se está aplicando la inhabilidad de los corruptos, ya prevista en la ley, así como las facultades de terminación unilateral y caducidad, las cuales los gobiernos usan poco en los actos de corrupción. Es decir que la consulta llama a buscar medidas contractuales con las que los gobiernos puedan aplicar con menos temor estas figuras, y con las que no se paralicen las obras por culpa de la sanción contra un contratista corrupto.
Continuará...