No existen manuales contra la trampa si no diferenciamos lo que es juego de lo que es estafa. No existen manuales contra la trampa si al fraude no le tenemos nombres. No existe lucha contra la corrupción si seguimos creyendo que el abuso del corrupto es natural, normal, y si seguimos sin ver como crimen al crimen.
A veces llamamos por otro nombre las cosas por miedo, a veces lo hacemos por disimular, a veces sencillamente porque no sabemos que la trampa se llama trampa. 
Entonces de nuevo pongamos los nombres que son:
Si a un funcionario público lo obligan a votar por un candidato, a riesgo de perder su puesto, si le piden un listado de los familiares y amigos que van a votar por ese político, a riesgo de verse en la calle, si al contratista lo obligan a apoyar a algún partido, a riesgo de no ver renovado su contrato, si a una persona le ordenan que su voto debe ser por fulano, a riesgo de que lo saquen de algún programa del gobierno, no es porque la política sea así, no es que deban mostrar agradecimientos con el patrón, con el honorable congresista, es porque están siendo víctimas de un delito: el constreñimiento al sufragante. Da entre 4 y 9 años de cárcel.
Cuando alguien ofrece u otorga contratos, o cuando alguien da dinero o cosas para que voten por determinado candidato, no es porque sea típico de la época electoral, no es porque sea normal en una campaña, es porque está cometiendo un delito: corrupción de sufragante. Parece ser la hipótesis que tuvo la Procuraduría al abrirle investigación al candidato y representante Hernán Penagos, porque pudo haber otorgado contratos en el Sena de Caldas para asegurar sus votos. No se puede olvidar que en la compra de votos comete el delito tanto el que lo compra como el que lo vende. Da entre 4 y 8 años de cárcel.
Si un candidato le ofrece un pago a un concejal o a un líder barrial, rural, sindical o empresarial por los votos de un grupo de ciudadanos (del barrio, de la vereda, de la empresa), no es por estrategia de campaña, no es por la astucia de ese líder para sacarle provecho al momento electoral, es porque está cometiendo un delito: tráfico de votos. Justo lo que Arturo Yepes denunció sobre la campaña de Mario Castaño, que supuestamente estarían tranzando con dinero a líderes políticos y sociales que aseguran votos en bloque, pero justo lo que Castaño también le recrimina a Yepes, que éste le ofreció sus votantes a cambio de cierta suma. En los dos señalamientos habría un delito. Da de 4 a 9 años de cárcel.
Cuando un candidato financia su campaña con recursos prohibidos, porque son contribuciones anónimas, o porque vienen de fuentes ilícitas como el narcotráfico o el contrabando, o porque vienen de personas condenadas o imputadas por delitos similares, o porque vienen de empresas que han recibido ingresos en más del 50% por contratos con el Estado, no es porque ese candidato tenga muchos amigos que lo quieren apoyar, es porque está cometiendo un delito: financiación con fuentes prohibidas. Da cárcel entre 4 y 8 años. Pueden ser responsables tanto el candidato como su gerente de campaña y el aportante. Si se violan los topes de campaña, se comete otro delito, y si el aportante no declara su donación, se comete otro delito. 
La lucha contra la corrupción tiene muchas cosas para aprenderle a la lucha del feminismo y esta es una: dejar de creer que el abuso es natural o normal y empezar a nombrarlo como un crimen; nombrar las cosas por su nombre, desnaturalizar el crimen, denunciar y denunciar la rutina hasta que se le vea la cara de delito.
Convivir con un político corrupto es estar en una relación de abuso, una de esas en las que el novio golpea y el resto guarda silencio. Es una de esas relaciones bien machistas donde el poderoso dispone hasta del cuerpo y de la vida del débil. El político corrupto pega, abusa y promete que va a cambiar, y el pueblo aguanta, espera a que algún día le toque en turno la felicidad y el bienestar. Pero pasan los días y nada cambia. Las golpizas y los abusos se repiten, año tras año, elección tras elección.