Ayer conocimos la Lupa a la Contratación sobre los contratos de la Gobernación de Caldas durante el primer semestre de este 2018. Otra entrega de esta alianza entre La Patria y la Corporación Cívica de Caldas que ya completa casi tres años.
En esta ocasión, como en otras anteriores, la Lupa a la Contratación de la Gobernación, insiste en seguir alertando sobre el uso preponderante y creciente de la contratación directa. Según el informe, en el primer semestre de 2018, la Gobernación y sus entidades descentralizadas (sin contar la Industria Licorera) contrataron 30% más en relación con el mismo periodo del año 2017. Y eso que durante estos meses se contó con las restricciones de la Ley de Garantías, las cuales al parecer no generaron efectos en el número de contratos directos. Si bien el sector central del departamento mantuvo más o menos el mismo monto de contratación directa, entre las demás entidades departamentales, contando a la Asamblea, hicieron posible este incremento.
Por enésima vez advertimos que, si bien la contratación directa no es una modalidad ilegal, sí corresponde a un mecanismo que genera riesgos de corrupción. Tiene menos controles en su negociación y es altamente proclive a los abusos de los funcionarios y los privados. En estos casos al empresario o proveedor no se le obliga a competir con otros al contratar con el Estado, por eso los gobernantes pueden terminar comprando con precios elevados, en comparación con el mercado, o con estándares débiles de calidad. Alguna literatura ya comienza a catalogar la contratación directa como una restricción de la libre competencia.
La contratación directa es un fenómeno nacional, pero por lo generalizado no debemos lpensar que es imposible mitigarlo con estrategias regionales. La pasada Consulta Anticorrupción, en su segunda pregunta, entre otras propuestas de cambio, enunciaba la necesidad de combatir la contratación directa. Como no fue aprobada solo nos queda encontrar fórmulas con los modelos vigentes, que son a veces paralíticos y a veces insuficientes.
Hemos dicho que una de las fórmulas contra la contratación directa puede ser la agregación de varios contratos sueltos y de bajo precios en un solo proceso contractual de valor más alto, lo cual permita abrir procesos de selección que garanticen competencia. Es acabar con el fraccionamiento contractual, que la mayoría de las veces es sancionable. Sobre todo se pueden agregar aquellos contratos que cumplen con objetivos relacionados o similares. En vez de tener muchos contratistas sueltos sobre los cuales toca ejercer control difuso, tendríamos solo uno, responsable de todas las actividades, al cual se le podría hacer un control concentrado. Esto suele pasar en el sector de la cultura, tanto en la Secretaría Departamental de Cultura como en el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. Allí se suele hacer un contrato por cada profesor o tallerista de cada barrio o municipio --una práctica bastante proclive al clientelismo y al intercambio de votos por puestos--, en lugar de poner a competir academias o industrias culturales para que al final sea una la que gane con su capacidad de proveer a los distintos profesionales o maestros. Por supuesto se trata de una política que implicaría acompañar toda una transformación empresarial en el sector de la cultura, el cual lleva años acostumbrado a negociar con el Estado de manera directa.
Otra estrategia para mitigar los efectos negativos de la contratación directa, en los casos donde se hace difícil salir de ella, es el uso de la Tienda Virtual del Estado y de los acuerdos marco de precios. Estos permiten definir previamente los márgenes mínimos y máximos de los precios de cualquier contrato, especialmente del directo. Si los gobiernos deciden usar estas herramientas ofrecidas por Colombia Compra Eficiente, estarán evitando los sobreprecios que tanto se prestan para las coimas y las ineficiencias. Sin embargo son herramientas casi que voluntarias para las entidades territoriales, pues la obligación legal de usarlas es burlada fácilmente, o porque les ponen plazos laxos o porque los territorios se excusan por no tener preparados a sus oficinas de contratación.
La Gobernación de Caldas tiene el uso de la Tienda Virtual del Estado como uno de sus compromisos de transparencia. Ha dicho que desde 2018 lo está cumpliendo al 100%. El reto es dejarlo como una política suficientemente blindada, con normas internas sólidas, con protocolos escritos y fijos y con prácticas consolidadas de los funcionarios. De lo contrario, al próximo gobernador le quedará fácil derrumbarlo todo y seguir contratando a dedo cada vez más.