La corrupción y la empresa privada tienen una relación compleja. A veces antagonistas, a veces cómplices, a veces vecinas que conviven para no hacerse daño.
A veces la corrupción muestra obstáculos para el desarrollo económico, entonces la empresa privada asume un rol antagonista. Vedas que evitan que los empresarios lleguen a nuevos mercados (monopólicos); tergiversación de información que trastoca los precios (sobrecostos); ineficacia de los subsidios y la deformación en la distribución de la riqueza; regulaciones con beneficiarios directos; falta de control a la calidad de los bienes y servicios ofrecidos; promoción de dineros ocultos y, por lo tanto, de economías subterráneas; quebrantamiento de valores empresariales y sociales que hacen posible la competencia leal, los altos estándares de gestión humana y, en pocas palabras, la libre competencia regulada de nuestra Constitución. Es en un contexto así en el que la empresa privada suele asumir un compromiso activo en la lucha por combatir la corrupción.
En este caso las empresas reivindican el ejercicio democrático. Denuncian las ineficiencias en los proceso públicos, acuden a los llamados públicos y a la movilización ciudadana, provocan cambios en la regulación y el control, adoptan compromisos como el “Compromiso Empresarial Anticorrupción” que promocionan hace días Transparencia por Colombia y la ANDI, o en casos más concretos, ayudan a crear, junto a otros sectores, espacios ciudadanos de control social, como la Corporación Cívica de Caldas en Manizales.
Ahora bien, la relación trágica entre empresa y corrupción aparece cuando se vuelven cómplices. Suele suceder que en economías complejas como la colombiana, con características tan disímiles en los territorios –donde la ciudad parece estar en el siglo XXI mientras la ruralidad en el feudalismo del XV–, con autoridades reguladoras cooptadas por grupos económicos y por clientelas de los partidos políticos, con vínculos entre economías legales e ilegales, la corrupción suele mostrar oportunidades de maximización económica para las empresas. La oportunidad de ingresar a un mercado, de excluir a un competidor, de ahorrar en la calidad del bien o servicio, de cobrar al doble del precio real, de acceder a un subsidio sin merecerlo, todas son situaciones de la tragedia social en la que le empresa termina renunciando a sus responsabilidades sociales en nombre de su beneficio.
Entonces la empresa se enfrenta al ejercicio democrático. Busca alianzas con las maquinarias que tienen cooptado el Estado, para entrar en el círculo donde el capital se multiplica en un solo círculo, a costa de las rentas públicas que dejan de llegar a los más desfavorecidos; Internaliza los costos de la corrupción, sin ninguna reflexión moral; financia campañas bajo la condición de que no los excluyan de esa rosca de la maximización de la corrupción. Entonces las entidades de control deben empezar a ver a la empresa como parte y no como víctima, y, peor, la ciudadanía debe asumir la tragedia de señalar y levantarse contra su propia iniciativa privada.
Finalmente queda un escenario en el que empresa y corrupción conviven, sin involucrarse pero sin hacerse daño. Suele suceder en contextos donde lo público mantiene sus dinámicas de corrupción y, aún así, lo privado tiene la capacidad de mantenerse al margen y en silencio.
Las empresas asumen que el ejercicio democrático no es con ellas. Dejan la carga anticorrupción en otros sectores sociales, solitarios. A pesar de que conocen de primera mano, por saber de los detalles sobre cómo se desarrollan los contratos públicos y las alianzas público-privadas, las empresas privadas se abstienen de reclamar, miran para otro lado, temen a las represalias: temen romper la comunicación con el poder (que puede ser grave para cada sector), temen suspender el contrato ya en marcha, temen perder el contrato por venir, o a tumbar el proyecto en construcción. Se trata de una apuesta rentable a corto plazo, porque se protegen los sectores de una discusión costosa con el Estado, pero puede resultar una pérdida fatal en el largo plazo, porque al final del camino nos encontraremos un Estado despojado sin capacidad ya de regular y proteger los mercados y los derechos.
Como en el conflicto armado, frente a la realidad de la corrupción no hay que hacer juicios a la ligera contra las empresas. Mejor hay que mantener una lectura compleja para identificar por qué unas asumen actitudes indeseadas por estrategia, por temor o por impotencia, y por qué otras la apuestan a fortalecer la ciudadanía y la democracia en contra de la corrupción. En la próxima hablaremos sobre buenas ideas empresariales de lucha.