Gastamos mucho tiempo en hacerle seguimiento a los recursos públicos que invierten los gobernantes. Sin embargo, gastamos poco tiempo en seguir los recursos públicos y privados que usan los candidatos cuando apenas aspiran a gobernar.
Hacerle seguimiento a la plata de las campañas es proteger los mínimos que requiere la política. Todo el tiempo se dice que en la democracia se debe poder discutir, poder estar en desacuerdo, siempre con unos mínimos que garanticen la igualdad y el reconocimiento de todos los actores. De ahí que las normas electorales sean parte de esos mínimos, pues permiten que nadie sea desconocido, que todas las vertientes tengan oportunidad de discutir y que el conflicto de ideas sea el principal protegido.
Dicen que antes de gobernar, apenas en elecciones, algunas candidaturas presidenciales ya le habían recibido dineros a la multinacional Odebrecht, en secreto.
Dicen que para el sueldo del publicista de la campaña de 2014 de Óscar Iván Zuluaga, caldense. Que para dos millones de afiches de la campaña de 2010 de Juan Manuel Santos; lo cual fue reconocido por Roberto Prieto, gerente de esa campaña, caldense. Que para hacer una encuesta que le sirviera a Santos en plena campaña de reelección en 2014; a través de una empresa panameña vinculada a la empresa Sancho BBDO, de caldenses. Que para hacer algo que aún no se confirma, en esa misma campaña de Santos en 2014, y debió costar los 900 millones de pesos que le entregó Otto Bula a un tal Andrés Giraldo; lo cual fue desmentido por Roberto Prieto, también gerente de campaña en 2014, caldense.
Una historia de posible violación de topes de financiación, una historia de falta de transparencia por no hacer público todos los donantes y los gastos de campaña.
Al tema de Odebrecht en Colombia debe dársele todas las vueltas que sean necesarias y no solo para que se resuelvan los vacíos en la historia. También es necesario conocer la verdad de lo que sucedió para que así se reconozca lo que no se puede repetir en esa violación de topes, ni en ese secretismo de los financiadores.
Caldas y todas las regiones deben estar al tanto de lo que traiga esta historia. También reconocer el valor de vigilar que todos hagan campaña sin ventajas.
Por ejemplo, sin transparencia no sabríamos que, para la Gobernación, la campaña de Guido Echeverri registró 689 millones de pesos de gastos de su campaña, la mayoría por préstamos bancarios. Mientras que la de Carlos Uriel Naranjo registró 223 millones y la de Jorge Hernán Mesa registró 327 millones, en ambas la mayoría fue por recursos propios.
Sin transparencia no sabríamos que, para la Alcaldía, la campaña de Octavio Cardona registró casi 518 millones de gastos, la mayoría por donaciones de terceros. La de Luis Roberto Rivas registró casi 629 millones, la mayoría por donaciones de terceros.
Esto respetando la buena fe y asumiendo que los registros se hicieron conforme a la ley, justo como las presidenciales en cuestión no lo hicieron. Si alguien cree que no fue así, ahí tiene los datos a la mano para que contraste.
Sin transparencia no sabríamos que Claudia Marcela Ospina Osorio y Verónica Llamosa Pérez aparecen como los únicos terceros que donaron a la campaña de Guido Echeverri. No sabríamos que Armando González Hernández, Gloria Lucía Betancur Ciuffetelli, Alexánder Alarcón Alzate, Edwin Harvey González García, Sandra Victoria Rodríguez Berrío, Jesús David Tabares Sepúlveda, Juan Carlos Londoño Blandón, Isabel Cristina Rivera Rebellón, Darisnney Peña Arango, Eduar Ancízar Alarcón Jiménez, Jorge Enrique Solano Zuluaga, Gloria Cristina Jaramillo Giraldo, César Augusto Rodríguez Rodríguez, María Alejandra Arboleda Castañeda, Leonardo Orozco Osorio, Marcelo Neira Estrada, Wilmar Ramírez Morales, Julián Andrés Arias Vera, María del Rosario Betancourt Bedoya, David Augusto Becerra Herrera y Aseo Urbano SAS E.S.P. donaron para la campaña de Octavio Cardona. 
Si alguno de ellos donó más de 36,7 millones a la Gobernación o 30,6 millones a la Alcaldía, no puede contratar con el gobierno que ayudó a elegir. Está prohibido.
Rectificación: en una columna anterior, que llamé “Policías y drones”, di a entender que la Alcaldía de Manizales ya había adquirido un dron para prestar vigilancia y seguridad en la ciudad. En realidad, el dron en mención fue adquirido para monitorear laderas en la gestión de riesgo. Aún así, este equívoco no disminuye la preocupación de que el municipio quiera adquirir esta tecnología para vigilar la ciudad sin discusión pública y sin normatividad que lo regule.