Después de una larga espera y de mucha controversia, por fin se logró la aprobación del Concejo Municipal del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad. Solo falta la sanción del alcalde. La mayor controversia se dio con respecto a las áreas de expansión, lo que es una decisión trascendental para la ciudad.
Desde hace muchos años se ha planteado en la ciudad una discusión acerca de si nos debemos “densificar”; es decir, propiciar que la ciudad no crezca hacia la periferia, sino que los desarrollos urbanísticos se hagan al interior con compra de casas o edificios para que sean demolidos y en esos espacios construir nuevas edificaciones con desarrollo en altura.
Los que están a favor de esta iniciativa manifiestan que con esto se evita la administración tener que construir nuevas vías y redes de servicio público. Los críticos manifiestan que esto lo que se hace es encarecer los terrenos y propiciar que la venta de casas y apartamentos se vuelvan muy costosas y que los barrios tienen unas vías que no están diseñadas para soportar una alta presencia de edificios que generarían un gran flujo vehicular.
La otra posición ha sido que la ciudad siga creciendo en terrenos que hoy son área rural y para que estas puedan ser involucradas al perímetro urbano se requiere una planificación más detallada a través de los llamados planes parciales, mediante los cuales los urbanizadores entre otras, garanticen los servicios públicos y las vías de comunicación. Para que esta iniciativa se pueda desarrollar, se requiere que previamente el Concejo apruebe esas áreas llamadas de expansión. Hay que aclarar que si requieren nuevas vías de comunicación y ampliar la capacidad de los servicios públicos los costos corren por cuenta de los urbanizadores.
La propuesta presentada por la administración en el POT fue la de que Manizales tuviera ocho áreas de expansión, finalmente fueron aprobadas tres. Las áreas de expansión propuestas por la administración tenían los debidos estudios técnicos para que pudieran desarrollarse como tales y habían sido aprobadas por Corpocaldas en su parte ambiental. De las áreas negadas, La Aurora, ya tiene aprobado el plan parcial y las licencias de urbanismo y construcción y la otra, que es Morrogacho ha venido adelantando el proceso del plan parcial. De las aprobadas, que lo están desde tiempo atrás, hasta la fecha no han sido objeto de estudios para incorporar los terrenos al perímetro urbano.
Que el Concejo haya tomado una decisión contraria a la propuesta de la administración municipal hace parte del ejercicio de la democracia y del estado de derecho en que vivimos.
En el área de expansión de La Aurora, en el terreno que ya tiene todos los permisos para iniciar su construcción, sucede un tema jurídico muy interesante. La constructora hizo todos los trámites y consiguió las autorizaciones basada en una normatividad vigente en su momento y ahora cuando está iniciando los trabajos y cuando el POT lo sancione el alcalde, se va a encontrar con que es un proyecto urbanístico aprobado, sin uso del suelo. Lo que sin lugar a dudas será objeto de demandas de los opositores del proyecto. Sin embargo, es claro que los constructores podrán desarrollar su proyecto hasta cuando la justicia falle en contra de ellos. Aparentemente el fallo saldrá a favor de la constructora. En nuestro país no se puede legislar retroactivamente, pero como estamos en un “estado de derecho”, cualquier cosa puede pasar.
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Dos puntos que tienen que ver con nuestro estado de derecho. Uno, Chucho, el oso de anteojos. No está bien que toda una Corte Suprema de Justicia, en un país donde la justicia está completamente congestionada tenga que pronunciarse sobre el manejo que se le debe dar a un animal salvaje. El segundo, que un perro callejero pueda instaurar una tutela, con huella de su pata sobre el papel por ser 'analfabelta', para que le sea atendida una malformación de sus patas. Si bien estamos en un “estado de derecho”, considero que no se debe abusar de él.
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