Pocas cosas incomodan más a los conductores como cuando les imponen un comparendo de tránsito. Normalmente cuando a un conductor le ponen un comparendo, así haya cometido una contravención de tránsito, hace su protesta. Algunos la hacen airadamente y otros, cada vez más pocos, amenazan o intimidan -con el famoso cuento de “usted no sabe quién soy yo”-.
Uno de los comparendos más incómodos para los conductores es el que llega vía correo electrónico. Este, en la mayoría de las oportunidades, es originado por lo que se conoce como una “fotomulta”, que consiste en una foto tomada a los vehículos que transitan por las carreteras o por las calles de las ciudades. En muchas oportunidades los comparendos fruto de las contravenciones de tránsito detectadas por las fotomultas, se dan cuando los conductores están manejando en municipios lejanos de donde viven, por lo que al contraventor no le queda otra opción que la de tener que pagarlos sin tener ningún derecho a reclamo, y con un trámite que no es sencillo. 
En la mayoría de las carreteras del país la señalización sobre la velocidad no es muy clara. No es raro que una señal diga una velocidad y a los pocos metros el conductor se encuentre con que la velocidad autorizada es otra. Además, tampoco son muy claras algunas de las velocidades máximas establecidas. Por ejemplo, en la vía Panamericana de nuestra ciudad, la velocidad máxima permitida es de 30 kms por hora. Límite que por las especificaciones de la vía nadie cumple.
La idea con las fotomultas es que éstas deben servir para controlar los malos comportamientos de los conductores, sin que se tenga que tener la presencia permanente de un policía de tránsito y especialmente para disminuir la accidentalidad vial. Sin embargo, estas se convirtieron en un foco de corrupción. La mayoría se instaló en sitios donde no se necesitaban, sin la debida señalización para los conductores y en algunas oportunidades inclusive las cámaras son escondidas. Los municipios contrataron con particulares la instalación de las cámaras mediante una figura que les permite recaudar a éstos entre el 10% y el 30%. 
Lamentablemente estas cámaras no han servido para rebajar los índices de accidentalidad y por el contrario han contribuido para que se enriquezcan unos pocos. En las ciudades las fotomultas podrían ayudar mucho para controlar malos comportamientos de los conductores, como por ejemplo si parquean en sitios prohibidos, si se transita en contravía o inclusive si se pasan semáforos en rojo.
El Congreso de la República aprobó recientemente una ley que reglamentó el gobierno nacional, mediante la cual se puso en cintura a las fotomultas; entre otras cosas, estableció que el margen de ingreso para las empresas que van a prestar este servicio no puede ser mayor al 10% y que la cámara solo se puede instalar en las carreteras en sitios de alta accidentalidad y deben tener una señalización avisando la presencia de la cámara a un distancia mínima de 500 metros de donde se tiene instalada.
Lo mejor que se puede hacer para evitar malos entendidos es que, como se hace con el manejo de los semáforos, las cámaras sean compradas y controladas directamente por las oficinas de tránsito de los municipios.
Hay que tener en cuenta que la norma solo queda en firme hasta dentro de seis meses, plazo que tienen los operadores de las actuales cámaras y los municipios donde se tienen instaladas de organizarse y cumplir con lo estipulado en el decreto reglamentario. Por esta razón, los conductores durante este tiempo tienen que tener cuidado al transitar por las carreteras porque todavía las cámaras “ocultas” están funcionando y si se descuidan corren el riesgo que les vuelvan a llegar correos electrónicos cobrándoles una fotomulta.