Uno de los mecanismos que tiene la administración pública para cumplir con sus objetivos o finalidades es acudir a colaboradores particulares para prestar servicios o desarrollar actividades que no puede prestar directamente. 
Muchas de las plantas de personal de las entidades públicas cuentan con destacados profesionales (abogados, ingenieros, arquitectos, etc.), los cuales cumplen esencialmente funciones internas propias del respectivo organismo, pero que no están facultados para ejecutar ciertas tareas o proyectos que requieren las comunidades; ello por falta de capacidad logística o, simplemente, porque el cúmulo de funciones no lo permite. 
Ejemplos podrían ser el Invías, o las secretarías de Obras, que tienen sus propios profesionales, expertos, pero sin la posibilidad, por falta de medios, para que procedan a la construcción de las obras públicas que se requieren, por lo que deben acudir a personas particulares -naturales o jurídicas-, para esos propósitos mediante el sistema de contratación estatal. Otra modalidad son los contratos de prestación de servicios para desarrollar tareas que no es posible cumplir con el personal de planta, o por requerirse de conocimientos especializados; etc. Las Cámaras de Comercio son organizaciones privadas que también colaboran con la rama ejecutiva llevando el registro mercantil, que en manos del Estado sería bastante oneroso prestar directamente ese servicio. 
No obstante la colaboración que prestan los privados o particulares al Estado, no por ello puede decirse que algunos están exentos de escándalos por inmoralidad o corrupción; y en ocasiones, bajo el ropaje de “personas jurídicas” (entes ficticios con capacidad para obtener derechos y contraer obligaciones), resultan inmunes a la acción penal. En países como Francia y España existe hoy la responsabilidad penal de las personas jurídicas, superándose así la dogmática jurídica que existe sobre el particular, al paso que en Colombia ya se ha abierto el debate sobre la materia.
En la reciente visita del señor procurador general a Manizales, clamaba por el control social prevalente al control represivo disciplinargio que ejerce la institución, ante la imposibilidad o incapacidad que tiene de investigar todos los casos de corrupción, especialmente en el ámbito de la contratación pública; y ya no es un secreto que el delito y los desafueros dentro de la administración, rebasaron la capacidad de respuesta del Estado para investigarlos y controlarlos. Y cuando las organizaciones sociales quieren ejercer control, su capacidad no solo es limitada, sino que la intimidación o la amenaza en muchas ocasiones se los impide.
Todos los vicios de inmoralidad e indecencia que afectan al país deben hacer reaccionar ya a nuestra sociedad, la que parece indolente; se debe además formar sentido de responsabilidad y consideración frente a nuestras instituciones; problemática aquella que se tornó en una especie de ‘cultura’ nada ejemplarizante para la generación actual; por eso, y como cierre de esta serie “Por una administración pública noble y respetable”, invito a que entre todos logremos que la administración pública, y en general todas las instituciones del Estado, vuelvan a ganar en legitimidad y autoridad moral, y por ende, de la confianza ciudadana, pero para ello deben participar todos los servidores de las entidades oficiales, las organizaciones privadas, y la comunidad entera, haciendo un frente común para que vele: I) por el respeto y estricto acatamiento de la Constitución y las leyes; II) por la protección de los dineros y los bienes del Estado, dándoseles el destino social que les corresponde; III) porque todas las autoridades y servidores del Estado ejerzan estrictamente sus funciones con ética, responsabilidad, honestidad, dignidad, equidad e imparcialidad; IV) por la materialización de las finalidades del Estado; V) por la defensa de la democracia y los principios que la orientan; VI) por ser verdaderos promotores del civismo; VII) porque el servidor público tenga conciencia que su misión es servir decorosa y denodadamente a los intereses de la comunidad; VIII) por una conciencia de respeto por los derechos de los demás, bajo los parámetros de lealtad y buena fe; IX) por el enaltecimiento de la política y el restablecimiento de sus valores; X) por ser auténticos ciudadanos.