No hay duda de la gran importancia que tiene el Derecho en la vida de los Estados, pues solo a través de él es posible la materialización o realización de la convivencia pacífica de los pueblos tanto a nivel interno como en el plano internacional.
Normas jurídicas que reconozcan los derechos, impongan deberes y obligaciones y establezcan directrices de comportamiento, hacen que una sociedad sea más moderna y avanzada, desde luego, cuando no se interponen intereses sectoriales que hacen establecer diferencias que desequilibran las finalidades de las colectividades. Colombia avanza a regañadientes porque en muchas ocasiones se legisla o administra protegiendo ventajas no propiamente de beneficio social so pretexto de tener esta orientación.
El derecho regula o permea todas las funciones públicas y servicios, los organismos públicos y privados, a las sociedades y asociaciones, el estado civil de las personas, la actividad de los comerciantes, las elecciones, el deporte y las profesiones, las rifas, el tránsito de vehículos y personas, el trabajo, las libertades, los tributos y el sistema financiero, la prestación de servicios, es decir, todo lo que acontece en un país, y es a lo que se denomina o conoce como "Estado de Derecho", es decir, el regulado por normas jurídicas.
En los últimos tiempos ha habido un inusitado interés de profesionales de distintas ramas del conocimiento por inmiscuirse o capacitarse en la ciencia del Derecho, pues quizás se hacen más conscientes de la importancia del mismo no solo en sus áreas de conocimiento, sino de la trascendencia que tiene en la institucionalidad de los Estados y su necesidad en la sociedad de la cual hacen parte; fuera de ello, buscan ampliar su cultura y fundamentar sus convicciones. 
Ingenieros civiles o electricistas, industriales o arquitectos, administradores de empresas, veterinarios o agrónomos, sicólogos, enfermeras y médicos, incluidos algunos especialistas, etc. etc., hacen parte de esa gama de intereses que se entremezclan con los estudiantes regulares en las escuelas de las leyes.
A nivel de pregrado casi todas las carreras universitarias tienen en sus programas académicos una o varias asignaturas jurídicas, especialmente en derecho constitucional, comercial, laboral, penal, contratación estatal, derecho de familia o tributario que ayudan a una formación integral de sus futuros profesionales, sin desconocer que en muchas ocasiones se improvisan los docentes para esas áreas, o éstos no hacen ver la real dimensión de esas asignaturas en los distintos campos del saber. En una importante universidad donde orientaba una cátedra jurídica en facultad distinta al Derecho, uno de los alumnos de semestre avanzado expresaba su beneplácito porque con la cátedra ya ‘entendía’ las noticias, las que, hay que decirlo, muchas de ellas, así como artículos de opinión, adolecen de rigor por la falta de formación jurídica de sus productores.
Aunque proliferan por doquier escuelas de Derecho sin ejercerse el debido control sobre ellas, las que generan en la mayoría de los casos pingües ganancias para los centros de formación que las promueven, sus egresados ‘titulados’ sumaban aproximadamente 9.000 en el año 1972, cifra que se incrementó a 25.000 en 1981, que para el 2009 su número ya iba en 179 mil, y hoy ya cubre a más de 250 mil abogados, pero también hay que decir que dentro de las profesiones liberales, para esa área del conocimiento resultan también muy amplios los espacios o escenarios para su ejercicio.
En ese orden, por ejemplo, los médicos capacitados en derecho además de poderse desempeñar de manera competente en áreas administrativas de la salud, también vigilarán ‘jurídicamente’ que el ejercicio de la medicina se preste en forma eficiente a los pacientes como lo dispone la ley, que, en caso contrario, éstos podrían convertirse en sus potenciales clientes por el defectuoso funcionamiento del servicio; los ingenieros ‘togados’ sabrán directamente a qué atenerse en la contratación con el Estado o con los particulares y la forma de responder o reclamarles, y en general, todos los profesionales que se forman en la ciencia jurídica podrán conocer no solo todo el sistema jurídico que los cobija y cómo es que funcionada el Estado, sino que pueden promover más decididamente la institucionalidad, y lo más importante, que asumirán unos nuevos roles dentro de la sociedad que los acoge.