La permanente y eterna discusión de si todo lo que está contenido en la ley es lo justo, o si todo lo justo está en la ley, genera variedad de inquietudes y discusiones por doquier. 
La ley -entendida como todo el conjunto de normas, u ordenamiento jurídico, empezando por la propia Constitución Nacional-, es la mejor herramienta que ha inventado el sistema político moderno para lograr la convivencia pacífica de los pueblos, y también de los Estados a través de los tratados internacionales que los mismos suscriben y adoptan. Justicia es darle a cada cual lo que le corresponde, en palabras de Ulpiano. De la ley y la justicia se encarga la ciencia del "Derecho". 
El Congreso es el competente para hacer o confeccionar las leyes, las que deberían estar siempre impregnadas de justicia, aunque no necesariamente lo sea; el poder ejecutivo es el encargado de hacerlas cumplir, así no suceda todas las veces; los órganos de control son los responsables de vigilar su observancia, aun cuando en ocasiones no puedan ser lo suficientemente efectivos; y los jueces son los llamados a dirimir los conflictos aplicando el principio de lo justo pero atendiendo los dictados del legislador.
La corrupción, con la inmoralidad e injusticia que entraña, frena el progreso de los pueblos y por ende la calidad de vida de los habitantes, la que también implica sacrificio de vidas cuando se trata de dineros de la salud, mucho de lo cual queda en la impunidad; pero igualmente los responsables, pareciera sin mucha preocupación, desafían la ley no obstante las penas que el delito conlleva. 
Así, por ejemplo, en tratándose del “enriquecimiento ilícito”, el artículo 412 del Código Penal establece que el “servidor público, o quien haya desempeñado funciones públicas, que durante su vinculación con la administración o dentro de los cinco (5) años posteriores a su desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial injustificado, incurrirá, siempre que la conducta no constituya otro delito, en prisión de nueve (9) a quince (15) años, multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento sin que supere el equivalente a cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 96 a 180 meses”.
Toda la sociedad debe seguir muy atenta a lo que está aconteciendo; no puede desfallecer en el intento de frenar los desafueros que está generando la corrupción en casi todos los frentes de la vida nacional; solo en la medida que se pueda superar el fenómeno, podrán rescatarse los valores de la comunidad, lo que contribuirá a llegar más rápido a la justicia social.