Cuando Humberto de la Calle Lombana y el equipo que el gobierno de Juan Manuel Santos desplazó a La Habana para tratar de alcanzar el cese al fuego con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia culminó su trabajo y el primer mandatario de la nación suscribió los acuerdos, creímos que a partir de ese instante serían acogidos, defendidos y protegidos, si no por la unanimidad de todos los colombianos, si al menos por la inmensa mayoría de la ciudadanía. Y que quienes acompañamos con convicción firme y argumentada ese proceso, nos podíamos dedicar a comentar en nuestros escritos otros aspectos de la realidad que nos agrede, como seres históricos que somos. Sin ingenuismo ni bobaliconas expectativas que nos hubieran hecho considerar que estábamos en una Arcadia, pero sí con la satisfacción de que se había cumplido con un inicial objetivo, decidimos hacer mutis por el foro, abrimos un paréntesis en el ejercicio periodístico y cuando volvimos, seguimos con la actitud de abstenernos de comentar los desarrollos de la implementación de los Acuerdos, porque, a pesar de los palos en la rueda que aparecieron más por razones logísticas que por cualquiera otra causa, nos esperanzamos en que el día a día iba a permitir superarlos.
Pero los nubarrones comenzaron a surgir y se vino lo que parece ser una tormenta jurídica que ataca en sus cimientos el propósito político, social, jurídico, nacional, del Estado y de todos de cumplir con el mandato natural de buscar la paz, por todos los medios posibles. Yo siempre he sostenido que el proceso para cerrar el enfrentamiento armado y su desarrollo debe ser con énfasis en lo político. Es decir, en una solución pragmática, eficaz, realista, para acabar con una situación aterradora de cincuenta años, en que se pretendió dinamitar las estructura del Estado por parte de la guerrilla y el Estado se defendió a través de sus fuerzas legítimas, pero sin que ninguno de los dos hubiera podido doblegar a su contrincante. La batalla, se acordó, ya no podrá ser más con las armas en la mano. Pero trasladarla estrictamente a lo jurídico, retomarla, es un embeleco sin fin, tan peligroso como la pólvora. Es tan trascendental la búsqueda de la paz estable y duradera que no puede dejarse solo en manos de los abogados. Si la política es dinámica, el Derecho sí que lo es. Pegar el alma nacional de un inciso es suicida, además de torpe y cegatón. Considerar que vale más la rigidez de una norma que cumplir con rapidez y acelere un acuerdo que ha salvado miles de vidas, que ha regresado al campo la tranquilidad a que tienen derecho las poblaciones abandonadas por el Estado y asoladas por las Farc, que se hayan callado los fusiles y que los niños hayan podido volver a los potreros y a los ríos, sin la amenaza tortuosa de las minas quiebrapatas, bien vale una Misa, para parodiar una frase histórica conocida. Humberto de la Calle, en reportaje concedido a El Tiempo el domingo 21 de mayo, sintetizó lo que queremos decir. "La Corte tiene que asimilar y asumir las transformaciones políticas, las interpretaciones del Derecho; me parece que aquí está de por medio la paz, que es un derecho y un deber, un acuerdo ya suscrito e implementado, y aquí no se puede dar lugar a generar riesgos".
Sin timidez ni sin cobardía hay que salir a defender y a exigir el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana. Por parte del Estado, que debe ser la cumbre de la ética y de la seriedad, y por las Farc que deben ser fieles y consecuentes con lo que suscribieron, sin atajos ni torticeras actitudes. Y nada mejor para ello, que hacer parte de lo que propone De la Calle: "Configurar no solo en el Congreso, sino en la sociedad, una coalición enorme de todos los que estamos defendiendo el proceso y que estamos protegiendo una paz que apenas comienza a nacer, una coalición enorme que nos permita continuar por el camino, no tanto de la discusión de los acuerdos, sino de los desarrollos futuros y la oportunidad de transformación que significa el acuerdo y también de la defensa del Estado de Derecho auténtico, de la filosofía liberal y del respeto a la diferencia, de la lucha contra el autoritarismo, contra el fanatismo religioso, es eso lo que está en juego: la esencia de una sociedad tolerante y abierta". Yo haré parte, sin lugar a dudas, de esa coalición. Mi militancia es desde ya. Y si De la Calle Lombana lleva el timón, con más veras. ¿Habrá que exigírselo? Creo que sí. Es el mejor para que lleve a puerto seguro este barco llamado Colombia, por su sabia experticia conciliadora y por su bagaje de estadista. Pero hay que hacérselo saber. Es su hora.