Mientras los políticos de oficio y empresarios que aspiran a ser presidentes se alistan para una lejana contienda electoral, la fase inicial de la implementación del proceso de paz avanza lentamente y se enfrenta a un sinnúmero de riesgos que no dan cuenta de lo que significa para este país el milagro del fin de la guerra y la construcción de una paz estable y duradera que va más allá del silencio de los fusiles y que convoca la atención y la solidaridad de todos los colombianos.
Una vez pasado el plebiscito la "fiebre" por el avance del proceso bajó a su punto mínimo y los medios de comunicación poco o nada se ocupan de éste, a no ser para criticar al Gobierno por el desbarajuste que ha resultado la desmovilización de la guerrilla de las Farc a las 26 zonas campamentarias. Que si no se habían alistado, que por qué no se contrataron las obras antes, que cómo fue que se contrató a este, que por qué tanta plata para el otro. Lo cierto es que unos siete mil hombres y mujeres, y sus pocos cachivaches fueron llegando a estas zonas definidas conjuntamente para instalarse en una especie de retiro forzoso para dar vía al trámite de la desmovilización. 
Allá lejos, sin donde vivir, sin agua, sin alimentos y sin condiciones de vida digna en general, recibirán el fin de la guerra y se convencerán que es mejor entregar las armas e “ingresar” a la vida civil. Es verdad, el gobierno no se preparó con antelación y los vaivenes del proceso hacen pensar que no había cómo. Si la Oficina del Alto Comisionado hubiera hecho estas contrataciones con antelación, también se habría armado un gran escándalo por una contratación para los eternos opositores de la paz, anticipada e irresponsable.
El Congreso se comprometió, a cuenta del Acto Legislativo 01 de 2016 aprobado por la misma corporación, a trabajar en modo fast track (vía rápida), que ha resultado lento, demasiado lento. Mucho ruido para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias a fin de discutir y aprobar solo dos proyectos de los muchos -se estima que por lo menos unos cuarenta- que se necesitarán para hacer viable la implementación y la construcción de la paz. Cada iniciativa supone casi una renegociación de las condiciones del Acuerdo y un sinnúmero de propuestas y eternas discusiones que hacen de la vía rápida un muy demorado trámite legislativo. A lo que se suma el palo en la rueda que pone permanentemente el fiscal Martínez y ahora el nuevo procurador.
Para completar, el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, se ha tenido que distraer en defenderse y dar las explicaciones del caso a los señalamientos por la compra de terrenos involucrados en procesos de despojo y desaparición y el haber vetado al parecer el contenido de un reconocido programa de denuncia y opinión. Viene ahora el rifirrafe entre el Gobierno y Naciones Unidas, otrora aliados en esta importante causa, debido a la improvisación de unos y las consecuencias que se derivan para los otros, si no hay condiciones logísticas, Naciones Unidas no podrá hacer su trabajo. Obvio. Pero el Gobierno responde que no es necesario que estén dadas las condiciones para que inicie la dejación de armas... ¿Qué pensarán los guerrilleros al respecto? Ya varios miembros del secretariado han salido a decir que no es posible cumplir con los plazos pactados porque las condiciones pactadas no se han cumplido. Aquí nos falta a todos compromiso de país ¡por favor! Al Gobierno poner toda la infraestructura, los presupuestos, la institucionalidad y la capacidad de gestión y talento humano al servicio de la paz, a los políticos y en particular al Congreso -así sea por una sola vez en la vida- responsabilidad con este hito que vive el país y que espera que los instrumentos legislativos necesarios estén al día para que los plazos y el cronograma se cumplan y para que el fin de la guerra para estos hombres y mujeres sea real, efectivo, digno, y no la evidencia fáctica de que no existen oportunidades para ellos. Mientras la implementación sufre estos tropiezos, el paramilitarismo se refuerza en todo el país y el asesinato sistemático de líderes va en aumento.
Después de más de 50 años de guerra, fracasar en la implementación es una deuda histórica que las generaciones futuras no nos perdonarán, ni a los políticos de oficio, ni a los antipolíticos que hacen política, ni al gobierno, ni a la cooperación internacional, porque esta paz es responsabilidad de todos.