Un vuelo de Bogotá a Argel, la capital de Argelia (norte de África), tarda unas 16 horas. Lo mismo que un viaje por carretera entre la capital colombiana y el municipio de Argelia, Cauca, donde esta semana asesinaron a siete personas.
Un viaje por carretera entre Bogotá y Cáceres (Bajo Cauca antioqueño), donde esta semana asesinaron a la líder social Ana María Cortés, tarda unas 13 horas. Lo mismo que un viaje de Colombia a Madrid (España) y después por carro al pueblo español de Cáceres.
Al líder comunal del municipio de Palmar de Varela, Luis Barrios, lo mataron esta semana delante de su familia. Este pueblo del sur del Atlántico queda a 16 horas por carretera de Bogotá, lo mismo que dura un vuelo entre esta ciudad y Moscú (Rusia), lugar donde se jugaba el partido entre Colombia e Inglaterra y que la víctima veía en el momento en el que la balearon.
La Defensoría del Pueblo señala que en Colombia, cada tres días, asesinan a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Que iban 311 entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de este año y que faltan los de esta semana. El de ayer en Chaparral (Tolima). 
Pero eso sucede en esa Colombia distante, la que queda lejos de Bogotá, centro de todo el poder y toma de decisiones. Donde, como si se jugara al teléfono roto, le llega la razón al ministro de Defensa de que muchas de esas muertes se deben a líos de faldas. Ese centralismo exagerado hace que lo que suceda en las regiones apartadas de la capital se perciba tan distante como un monzón en Sri Lanka.
Por eso hablar de manera “categórica” sobre la violencia, de estos asesinatos, de la JEP, desde Washington o desde el Congreso en Bogotá es fácil. Porque la zozobra no está al acecho y la realidad es diferente. Así es sencillo señalar culpables. Que fue el Eln, que fueron las bacrim, que fueron guerrilleros disidentes, que fueron los paramilitares… y si no es ninguno, pues buscar algo para ensuciar el nombre de las víctimas porque a nadie lo matan porque sí. Como sucede con Ana María Cortés a quien el ministerio de Defensa vincula con el Clan del Golfo de modo “tercerizado”.
Estos asesinatos, sin embargo, no son resultado de la llegada de la derecha al poder. Tampoco es del saliente Santos o de la izquierda. Es de la histórica ausencia estatal en esas zonas de Colombia donde todavía predomina la ley del más fuerte. Donde la violencia y la intimidación son los instrumentos de persuasión. Otra cosa es que los métodos para dominar esa región sirva a los intereses del Gobierno de turno, como sucedió con los paramilitares y los periodos de Álvaro Uribe. O los Pájaros en los tiempos de Laureano Gómez.
Ya es hora de escuchar a esa Colombia tan lejana y tan vulnerable. Esa que votó por el Sí en el plebiscito por la paz (https://bit.ly/2rmQJXp). En la que en las pasadas elecciones presidenciales muchos escogieron a Petro por encima de Duque y su jefe (https://bit.ly/2m0iP7u). El mismo que hace unos años señalaba a los defensores de los Derechos Humanos como aliados del terrorismo y les dio la espalda cuando denunciaban que eran perseguidos.
Si el proceso de paz fracasa será en parte por la distancia física (falta de vías de acceso) y mental (el olvido) que le han puesto a estos municipios. En esos donde el impacto de la violencia es tan duro que su nombre queda grabado en la memoria de las personas, pero es tan alejado que las masacres se pueden diluir con un desfile de bienvenida a la Selección Colombia.