La cifra, como casi todas las de este gobierno, no se sabe de dónde salió, pero el presidente Iván Duque aseguró esta semana que ya hay “800 mil integrantes” en la Red de Participación Cívica. Ciudadanos comunes y corrientes que “apoyan la labor “de la Policía, que por estos días parece estar más interesada en sancionar a consumidores de empanadas que a atacar la delincuencia.
800 mil. Eso es cuatro veces el tamaño de nuestras Fuerzas Militares. Dos veces la población de Manizales… Mucha gente que no se sabe de dónde salió, dónde está, quién la contó, a qué se dedica. Pero deben ser “personas de bien”, que es como el ministro de Defensa Guillermo Botero calificó a quienes velan por los intereses del país (o mejor, del Centro Democrático, CD) y a quienes les permitiría portar armas.
Hace tres años el Gobierno prohibió el porte de armas a los civiles. A pesar de ello, y según un informe publicado por el periódico El Tiempo, en el país hay 687 mil 694 armas con salvoconducto, de las cuales 529 mil 284 están en manos de personas naturales. La medida que proponen Duque, Botero y el CD, de habilitar de nuevo el porte de armas facilitaría a esos 800 mil colaboradores a hacerse a un fierro, si es que ya no lo tienen.
Una directriz que va en contra de los ideales de los países desarrollados (salvo EE.UU.), que va en contra de reducir los índices de muertes violentas y que transforma a esas “personas de bien” en potenciales asesinos. Es abrir la puerta a que surjan nuevos grupos paramilitares, ya que con la misma excusa se fundaron las Convivir hace 25 años.
Voy a contarles algo de las “personas de bien”. La BBC publicó hace un tiempo el artículo Por qué gente común y corriente comete atrocidades (https://bbc.in/2GWU7AQ) en el que un historiador, una asesora especial de las Naciones Unidas y un profesor de Derecho Internacional analizan qué llevó a muchos ciudadanos a participar en genocidios como el Holocausto nazi, o los de Ruanda y la antigua Yugoslavia. El terror, la propaganda, la manipulación, la falta de oportunidades, entre otros factores, llevaron a cientos de ciudadanos a voltearse contra sus vecinos. A denunciarlos, acusarlos, perseguirlos y asesinarlos.
También a que muchos consideraron que lo que hacían no era malo. Conducir un tren cargado de judíos rumbo a un campo de exterminio en Polonia, por ejemplo. O sentarse en una máquina de escribir y redactar listas con nombres de personas señaladas. O ser policía comunitario, de los que “apoyan la labor” de la SS.
Y después, cuando el sistema estaba implementado, los armaron. “Los gobiernos tienen el poder de crear un marco institucional, organizacional, situacional que potencia a la gente para matar. Aprovechan la conformidad de las personas, su deferencia y su deseo de ser estimados por sus compañeros”, señala el texto. Algo muy parecido a lo que ocurrió en la Colombia paramilitar de finales de los 90 y comienzos de siglo, cuando las masacres eran noticias diarias, cuando los empresarios y ganaderos se aliaron con los paras, cuando los líderes de las Auc dieron discursos ante un Congreso lleno y sometido a su poder, cuando la gente de bien empezó a agradecer esa violencia porque permitía regresar a las fincas. O comprar unas nuevas.
La medida que plantea Jennifer Welsh, asesora especial de la ONU, ante esta clase de situaciones es “crear una cultura de rendición de cuentas y combatir la impunidad”. Así, los actos de este tipo ya no son vistos como algo dentro de la jurisdicción interna de los Estados, o como parte del curso "normal" de la guerra. Ahora son un asunto de interés internacional, y pueden ser discutidos en foros internacionales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. En otras palabras, implementar una Justicia Especial para la Paz (JEP).
Si el gobierno del subpresidente Duque, del desatinado Botero y del manipulador CD insiste en volver trizas la JEP es porque no quiere que se conozca la historia. Que se reconozcan a las víctimas y se develen los alcances de la subversión y el paramilitarismo en las altas esferas del poder. Si lo hacen es porque quieren proteger a sus “personas de bien”.