Cuando se vive en medio de la aridez, como en Santiago de Chile, donde el promedio de lluvia al año ronda los 256 mm (1 mm equivale a un litro de agua que cae en un metro cuadrado), la garúa asusta. El pasado jueves lloviznó en la capital chilena y de inmediato se encendieron las alarmas. Las autoridades decretaron emergencia, una empresa de acueducto suspendió el servicio en al menos una decena de comunas porque el agua podía llegar turbia y ayer se cancelaron clases en colegios y universidades.
Según los medios de comunicación australes, las lluvias alcanzaron los 10 mm. Un registro irrisorio si se compara con los 151 mm que cayeron sobre Manizales en la noche del martes y madrugada del miércoles; pequeño diluvio que cobró la vida de 17 personas, 380 viviendas evacuadas y otras más destruidas.
Una tragedia que se suma a las muchas otras ocurridas en nuestra ciudad proclive a desmoronarse y que tiene al agua como protagonista. Y una vez más los deslizamientos de tierra no solo dejan al desnudo las montañas sino a las autoridades, tanto las locales, las regionales y las nacionales.
Tulia Elena Hernández, personera de Manizales, señaló que esta era “una tragedia anunciada” y que en su despacho tenían información “documentada” desde 1997 sobre los potenciales derrumbes en las laderas del morro Sancancio y el peligro que corren los barrios aledaños. “Jamás debió dejarse que en una zona de vida tan estratégica como Manizales se admita urbanizar escombreras o urbanizar cabeceras de nacimientos”, dijo en entrevista a semana.com (http://bit.ly/2pLsSkD). Y si sabía, ¿por qué no hizo algo?
En La W radio, el alcalde Octavio Cardona y el congresista Arturo Yepes resaltaron que Manizales era una ciudad abanderada en la prevención de desastres. Pero luego se enfrascaron en una discusión mezquina en la que se acusaron mutuamente de que esta nueva tragedia tenía tintes políticos. El primero dijo que el representante a la Cámara estaba molesto y que lo responsabilizaba de la falta de previsión en estos hechos porque no le dieron unos puestos políticos en su administración. El otro lo acusaba de gastarse la plata en conciertos, viajes a Europa y canchas sintéticas en vez de reubicar familias en zonas de riesgo.
Y el Gobierno nacional, desde el Ideam y el Departamento Nacional de Planeación, señala que el 40% del territorio nacional tiene algún tipo de erosión (Caldas tiene el 81,9% de su suelo afectado por este fenómeno) y que el 33% de los colombianos viven en zonas de riesgo de deslizamientos y el 48% en zonas de inundaciones. Y si sabe esto, ¿dónde están las campañas para mitigar este fenómeno, los controles para evitar las construcciones en zonas de riesgo, la protección de la comunidad? Nada. La corrupción es más poderosa que cualquier avalancha.
Lo de Chile puede parecer un chiste ante el drama invernal que vive Colombia (no olvidemos a Mocoa y lo que sucede actualmente en el Chocó), pero si ellos le temen a una llovizna nosotros debemos temerle a la aridez mental de nuestros funcionarios públicos. Unos personajes que siempre resultan ser profetas del pasado, cicateros del presente e ineptos para proyectarse en el futuro. Pero mencionar esto es llover sobre mojado.
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