El 2 de junio de 1948, el presidente Mariano Ospina Pérez expidió el decreto 1839, que prohibía la fabricación y expendio de chicha y guarapo. Culpaban a estas bebidas autóctonas y de origen indígena de degenerar al pueblo, de embrutecerlo, de degradarlo tanto en lo físico como en lo moral.
Una medida interesada y clasista, pues eran los pobres quienes más bebían chicha y guarapo. E inútil porque estos fermentados no han dejado de producirse y consumirse. Como inútil es el decreto 1844 que firmó esta semana el presidente Iván Duque, y que permite a la Policía incautar y destruir cualquier dosis de sustancias psicoactivas.
Para el mandatario, la medida ayudará a combatir este flagelo “que atenta contra la sociedad y representa la destrucción de muchas familias”. Paradójicamente, mientras que nuestras autoridades decomisaban 543 gramos de marihuana durante el primer día de vigor del decreto, ese mismo día el alcalde de Nueva York le decía a los policías que dejaran de arrestar a quienes fumen marihuana en las calles. También salió la noticia de que en los aeropuertos de Los Ángeles y los de Canadá permitirán que los viajeros lleven su dosis de yerba.
Esta tendencia se debe, en gran parte, a que los prejuicios sobre la marihuana están cambiando y a que el cultivo de esta planta será un nuevo jugador en la economía mundial. Ya sea para uso medicinal o recreacional, el cannabis tendrá un crecimiento del 150% para el año 2021, tan solo en Estados Unidos. Según las firmas Arcview y BDS Analytics, este negocio generará al menos 100 mil empleos directos, tendrá ingresos por 40 mil millones de dólares y le aportará al gobierno gringo unos 4 mil millones de dólares en impuestos.
Un solo año de impuestos sobre el cannabis es casi lo mismo que destinó el Departamento de Defensa gringo con el Plan Colombia, entre los años 2000 y 2005, para la inútil guerra contra las drogas. Y muchísimo más que los 391 millones de dólares que dará Trump este año para que Duque vuelva a fumigar nuestros campos con glifosato.
Además, el Decreto 1844 de Duque solo logró que - en cuestión de horas - el precio de las drogas se incrementara, favoreciendo al narcotraficante. Prohibir no es el camino.
La chicha y el guarapo se siguieron consumiendo porque los argumentos para vetarlos estaban parcializados para favorecer la creciente industria cervecera. Y fueron hasta 1991 - cuando se anuló el decreto de Ospina Pérez - las más legales de las bebidas ilegales.
Como lo señaló el historiador Juan Carlos Flórez, en su texto La guerra contra la chicha (https://bit.ly/2pEpDtz), esta medida fue inútil para “hacer más pacífica nuestra sociedad” que era lo que buscaba el decreto. Tampoco redujo la criminalidad, la violencia política o las enfermedades mentales.
Si la represión y la guerra frontal contra la producción y tráfico de sustancias psicoactivas no han servido para acabarlas; si la importancia cultural e histórica de los cultivos de coca y cannabis no tienen valor alguno; y si las campañas de prevención, educación y salud terminan afectadas por cuestiones morales y de fe, pues que sea el factor económico el que nos lleve por la senda de la legalización. Y, por qué no, tramitar ante la Convención única sobre narcóticos de las Naciones Unidas que nos incluya en la lista de países que tienen permiso para estos cultivos.