Dice el artículo 22 de nuestra Constitución que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Y el 13 señala que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.
Pero las últimas semanas nuestros políticos de la polarización y esos tiburones de la ley capaces de tergiversar normas e interpretar la Constitución hasta hacerla enrevesada se tomaron el control.
Juristas que hace unas semanas sacaron al senador Antanas Mockus de su curul. Obrando “a nombre propio”, el abogado José Manuel Abuchaibe fue quien demandó la elección del exalcalde de Bogotá ante el Consejo de Estado. Sin embargo, ya se sabe que este amigo de polémicos personajes de La Guajira (nada más que Oneida Pinto, Francisco ‘Kiko’ Gómez y Samuel Santander Lopesierra, a quien en el mundo del narcotráfico conocen como el Hombre Marlboro) buscó favorecer al cuestionable Oswaldo Ortiz, quien podría llegar al Senado con esta carambola jurídica.
O sea, sale Antanas Mokus - quien dedicó su vida política por educar, buscar la decencia, la transparencia y el juego limpio - para que llegue al Senado un predicador cristiano homofóbico que usa las redes sociales para divulgar noticias falsas o tergiversadas.
Igual destino tuvo Ángela María Robledo, quien desde el Senado incomodaba al gobierno y a su partido, el Centro Democrático. Y esta semana se fue, por otro fallo del Consejo de Estado que parece ensañarse en la oposición. Una resolución que parece arbitraria, ya que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez habría incurrido en la misma doble militancia, pero a esta sí le archivaron el caso.
Una vez más, estos tiempos extraños de política polarizada y leyes absurdas fallan en contra de Robledo - reconocida en dos ocasiones consecutivas como la mejor congresista mujer del país, copresidenta de la Comisión de Paz e integrante de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer - y benefician a Ramírez. Ella, que se fija más en Venezuela que en Colombia. La que cuando fue ministra de Defensa debe asumir su responsabilidad en la Operación Orión que, según la Corporación Jurídica Libertad, dejó 17 asesinatos cometidos por la Fuerza Pública y 71 por paramilitares, doce torturados y 92 desaparecidos en la comuna 13 de Medellín.
Y está el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, quien esta semana dijo, en medio de un debate, que prefiere “80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando”. Y remató diciéndole tres veces “sicario” a su opositor, Gustavo Petro, cuya réplica fue “hablemos” por “la historia de Colombia, inmediata y futura (…) que en Colombia se produzca un diálogo y se respete la palabra. La palabra, no el disparo del fusil". 
Y lo dice él, Uribe, el expresidente quién tiene recorrido en difamar moralmente a sus críticos. Los ha llamado “guerrilleros encorbatados” y hasta violadores de niños, palabras que ha tenido que rectificar. En esa carnita y esos huesitos se enreda lo peorcito de nuestra sociedad. Lo retrógrado. Lo anticonstitucional. Lo más patético es que le creen ¡y con fervor!
Ya está bueno de este discurso de la guerra y la paz. De la brutalidad y lo civilizado. Lo derecho debería ser el condenar, castigar y remover de sus cargos a los inmorales, los tramposos y los venenosos, sean del partido que sean. Pero dadas las circunstancias, algún bufete de pirañas legales y morales cuestionables los sacarían del aprieto. Hasta les ayudarían a ser presidentes.