Múltiples acontecimientos y de la más diversa índole marcan la cotidianidad colombiana, muchos de ellos se quedan en el tintero o quizá definitivamente archivados, no hay tregua para su análisis; temas recientes fueron noticia de primera plana en los medios informativos como el inverosímil nombramiento de Alejandro Ordóñez para representar a Colombia ante la Organización de Estados Americanos, ahora solo restaría solicitar a ese respetable organismo internacional, prestar mucha atención al área de la biblioteca asignada a los libros sobre derechos humanos, nuestro cuestionado representante aparte de verbo incendiario, es proclive a quemar libros.
“Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia” José Saramago. En la larga tragedia colombiana, sangrienta y dolorosa, existe un capítulo que clama justicia y verdad y es la infame financiación de grupos al margen de la ley, por parte de empresas y multinacionales. ¿Quién en el infausto devenir de la guerra en Colombia no ha oído hablar de Chiquita Brands y su oscuro protagonismo en los años 90 en la región de Urabá, entre los departamentos de Choco y Antioquia? La Fiscalía General de la Nación, a finales de agosto, reveló que llamará a juicio a 14 directivos de Chiquita Brands que “presuntamente” habrían contribuido a financiar grupos de las Auc.
Un hecho de tal gravedad pasó de soslayo para la justicia colombiana, que muy poco profundizó en la investigación que condujera a los responsables, aunque no es de extrañar, es lo que suele suceder en este tipo de casos que terminan refundidos en los empolvados anaqueles de la injusticia. “Investigadores internacionales, un informe de la OEA y hasta una Corte del Distrito de Nueva Jersey se encargaron de develar cómo, durante más de diez años, la empresa norteamericana de fruta financió a grupos paramilitares, a las Farc y al Eln” (El Espectador 1, 9, 2018) Es de anotar que la empresa ya aceptó ante la justicia norteamericana que sí les pagó a las Auc.
Financiar grupos ilegales es tratado como un crimen de lesa humanidad, lo que permite que no prescriba, así el proceso tenga más de 10 años. Mucho trabajo tendrá la Comisión de la Verdad y el grupo multidisciplinario propuesto por la misma, para desentrañar la acción criminal de políticos, civiles y empresarios; la memoria de las víctimas y el dolor de sus familias, tampoco prescribe. 
Siempre a través de nuestra historia la Colombia rural ha soportado los embates de la marginalidad, la injusticia y el abandono estatal; no faltó quien irresponsablemente atribuyera los asesinatos de líderes sociales, en su mayoría campesinos, a “líos de faldas”. Según la Defensoría del Pueblo, desde enero de 2016 hasta febrero 2018 los asesinatos superan los 320, Nariño, Antioquia y Meta han puesto su cuota dolorosa de febrero a la fecha. Compararlos con “Guacho” es muestra de bajeza de alma y maldad absoluta; ellos son seres humanos dignos de respeto, admiración y gratitud, que trabajan por sus comunidades, denuncian los atentados contra la población y contra los ecosistemas; por ello aplaudo el que el gobierno nacional haya liderado una reunión de alto nivel entre distintas autoridades del Estado para buscar una política pública que los proteja, al igual que a los defensores de los derechos humanos. ¡No más odio, no más!