La semana pasada la Misión Electoral Especial presentó su paquete de propuestas para reformar las instituciones, la financiación de campañas y el sistema electoral colombiano. Se trata de una reforma enorme, que incluye eliminar la Registraduría Nacional, pero que, a mi modo de ver, se diseñó así para que en el regateo con el Gobierno, con el Congreso y con los partidos se negocien puntos de la propuesta, de tal manera que se eliminen algunos a cambio de mantener otros que son fundamentales. 
Lo pienso con base en un antecedente: luego de la Constitución de 1991 Colombia no ha podido expedir un nuevo Código Electoral porque sus múltiples iniciativas se enredan en el Congreso, en donde quienes votan las propuestas de reforma son los usuarios del sistema: congresistas elegidos bajo las normas que se busca cambiar. Si alguien se benefició con el sistema actual no es fácil motivarlo para que quiera cambiar las reglas del juego electoral. Por su parte, los perjudicados por el sistema se quemaron en el camino y por lo tanto no tienen voz ni voto en el Congreso.
El Código Electoral actual es una colcha de retazos que trae normas casi idénticas a las que regían hace 80 años, que se han ido juntando, otras fruto de reformas parciales al sistema. A punta de parches se vienen definiendo las reglas del juego de nuestra democracia. Entre las últimas, por ejemplo, está la que incluyó el adefesio de reconocerle gastos de campaña a quienes promueven el voto en blanco, que pasó de ser una iniciativa ciudadana para convertirse en otro negocio electoral.
Pues bien, de todas las propuestas que presentó la Misión Electoral Especial, cruzo los dedos para que en la peluqueada que sufrirá sobreviva al menos una: la eliminación del voto preferente en las elecciones de Congreso, Asamblea y Concejos y que la gente vote por listas cerradas, organizadas por los partidos, como ocurre en el resto del mundo, a ver si en algo se fortalece la disciplina e identidad ideológica de los partidos que hoy, por cuenta del voto preferente, viven como su nombre lo indica: partidos.
Luego de que la Asamblea Constituyente promulgó la Constitución de 1991, el país vivió la primera campaña electoral bajo el nuevo ordenamiento. Para las elecciones de Congreso de 1991 el Partido Liberal, durante la Presidencia de César Gaviria, optó por presentar múltiples listas a las elecciones porque las matemáticas indicaron que era mejor apostarle a ganar curules a partir de los residuos. A esta práctica Alfonso López Michelsen la bautizó como “operación avispa” y resultó ser un éxito en términos de resultados: El partido liberal obtuvo más curules que el resto porque presentó más listas regionales, así que los demás aprendieron la lección: divide y reinarás.
La reforma política de 2003 buscó cerrar el boquete que generaba la elección a partir de residuos y su consecuente proliferación de listas. El resultado fue el voto preferente, que consiste en que un partido inscribe una lista única, por ejemplo para Senado, con 100 candidatos, y el ciudadano puede decidir si vota solo por la lista o también por un candidato en particular. Se trata entonces de 100 candidatos por cada partido haciendo campaña porque todos tienen, al menos en el papel, opciones de ser elegidos, con lo cual los gastos de campaña se disparan, además de las peleas internas entre los partidos, por no hablar de la cantidad enorme de votos nulos que se registran, porque votar por cada candidato implica memorizar logos y números, que además son distintos para cada corporación. Los candidatos ya no se llaman Pepe Pérez sino N34, G82. Como un bingo.
Desde que tenemos voto preferente, el día siguiente a cada elección está lleno de quejas de los quemados, diciendo que sus propios copartidarios les robaron las elecciones. Las peleas por quién entra y quién sale son entre aspirantes de la misma lista. Y los que ganan consideran que su curul se debe a su propio esfuerzo personal y económico, y no al partido. El voto preferente fortalece las campañas personalistas, caudillistas, y debilita a los partidos. Por eso se volvió común ver, por ejemplo en concejos y las asambleas, a copartidarios que se enfrentan porque obedecen a caciques regionales distintos. A facciones. ¿Cuál es la posición del partido con relación a determinado tema? No hay… depende de a cuál concejal, diputado o congresista le pregunte.
No creo que el sancocho ideológico de los partidos se solucione con la eliminación del voto preferente, pero las listas cerradas sí son un avance para organizar el avispero. Al fin y al cabo las definiciones clásicas de partidos hablan de organizaciones para acceder al poder que representan ideas (de centro, derecha o izquierda). No hablan de feudos, negocios, cuotas ni maquinarias. Ni mucho menos de caciques.