El caso Santrich: entre la guerra y la paz
Señor director:
La oligarquía colombiana ha sido la responsable del origen de las guerrillas históricas en nuestro país al implementar, desde el poder, la inequitativa distribución de las tierras, la injusticia y la exclusión política y social. En abril 9 de 1948, el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán desató un sinnúmero de protestas de los seguidores del caudillo en contra de la clase conservadora dominante, temerosa de una aplastante victoria del liberalismo en cabeza de Gaitán. De inmediato las confrontaciones armadas se trasladaron al campo y los labriegos, liderados por Pedro Antonio Marín Gómez, quien asumió el seudónimo de Manuel Marulanda Vélez, se alzaron en armas y formaron las primeras columnas guerrilleras al entender que las soluciones políticas habían colapsado.
Las injustas políticas del Estado y el régimen militar de los venideros presidentes le dieron vida al Eln en 1962, a las Farc en 1965 y al Epl en 1967. Todos estos movimientos insurgentes tenían ideologías diferentes, pero en esencia luchaban por la desigualdad social provocada por un sistema excluyente y falto de oportunidades para las clases más vulnerables. En esta época el fenómeno tomó fuerza gracias al surgimiento de figuras como Ernesto “Che” Guevara y al fervor de la revolución cubana. Pronto la guerrilla renunció a sus principios y convirtió el conflicto bélico en una empresa que creció con el narcotráfico producto de las plantaciones de coca que llegaron a ocupar la mitad del territorio nacional.
El primer acuerdo de paz entre una guerrilla y el estado colombiano se firmó el 9 de marzo de 1990, en Caloto, Cauca. El M19 entendió que un conflicto armado sin una perspectiva de triunfo era un error, declaró que la guerra no era la solución y depuso los fusiles en una negociación con el gobierno de Virgilio Barco. Su máximo comandante, Carlos Pizarro Leongómez, se reintegró a la vida civil y fue asesinado cuando era candidato presidencial. Veintiséis años después y aceptando la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de lograr un acuerdo para firmar la paz, las Farc, el grupo insurgente más antiguo del mundo, diezmado en su capacidad de combate por los fuertes golpes y las bajas dadas a su cúpula militar y sin ninguna posibildiad de llegar al poder por la vía violenta, selló este acuerdo con el gobierno.
Los retrasos en la instalación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la lenta capacidad del Estado para implementar los acuerdos con las Farc e indemnizar a las víctimas, los asesinatos selectivos de algunos líderes sociales y defensores de los derechos humanos perpetrados por fuerzas oscuras, la posible administración irregular de los recursos destinados para el postconflicto, las permanentes arremetidas en contra del proceso lideradas por la desgastada clase de ultraderecha, ponen en jaque el proceso de paz que entra en una disyuntiva histórica de construirla o de regresar al camino de la confrontación.
El punto de inflexión está en la captura de Jesús Santrich por la fiscalía, el 9 de abril de 2018. Este excomandante y ahora jefe del naciente grupo político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) es acusado por el gobierno de los Estados Unidos, con orden de extradición, por conspirar para vender diez toneladas de cocaína. Aunque la orden final será dada por la Sala Penal en la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República, después de cumplir el debido proceso y reunir, ojalá, pruebas irrefutables en la fiscalía y en la JEP, su reclusión ya produjo los primeros efectos: Iván Márquez se retiró de la arena política y se refugió en las montañas como medida preventiva, y los mandos medios y la base están pensando que lo pactado no se les va a cumplir y que también van a ser extraditados. Sin otra alternativa, entonces, se adherirán a la disidencia y en este sentido las renovadas columnas guerrilleras solo cambiarán de nombre.
En el pasado los mandos guerrilleros de filiación liberal confiaron en las garantías ofrecidas por el gobierno de turno e iniciaron un proceso de desmovilización; a renglón seguido fueron cazados y asesinados utilizando los métodos más atroces de tortura. Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo (ambos candidatos a la presidencia de la República), congresistas, diputados, concejales, alcaldes y otros tres mil quinientos militantes de la Unión Patriótica -brazo político de las guerrillas históricas- fueron exterminados por grupos paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado. Hoy el problema se agudiza por la violencia que se ha generado en contra de los desmovilizados con asesinatos selectivos y por la captura de Santrich, que es considerada, por una buena parte de la opinión, como un montaje del gobierno de los Estados Unidos, con pruebas que quedan a mitad de camino y con muchas dudas aún sin resolver.
Orlando Salgado Ramírez
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