¡Es la gobernabilidad, maestro!
Señor Director:
El Acuerdo 0958 de 2017, expedido por el Concejo Municipal de Manizales, Plan de Ordenamiento Territorial, le concedió el plazo de un año al alcalde para presentarle el proyecto de acuerdo con el propósito de reglamentar "...lo relacionado con la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio púbico...", término cuyo cercano cumplimiento es la razón para que el Primer Mandatario Municipal presentara, sin los estudios técnicos y económicos de rigor y la aconsejable socialización, el proyecto de acuerdo Nº 111, del 11 de abril, "por el cual se reglamenta la "compensación" por el aprovechamiento económico del espacio público en el municipio de Manizales...".
Lo primero que llama la atención en lo relacionado con este proyecto de acuerdo es que se hable en él de compensación, figura consagrada en el artículo 1714 de nuestro Código Civil, y en virtud de la cual dos personas deudoras entre sí, deciden extinguir ambas deudas, lo que significa que no tiene los alcances tributarios que en el proyecto de acuerdo se le asignan. Lo segundo que despierta interés es la actitud pacífica y razonada de los comerciantes destinatarios de este gravamen, a quienes se les cobrará mensualmente "una cuantía" por aprovechar económicamente las "terrazas comerciales", posición que contrasta con la autoritaria asumida por la Administración Municipal, que sin serenidad, tal como lo ha registrado la prensa, reacciona frente a los fundamentados cuestionamiento que desde diferentes ángulos se han formulado a esta iniciativa.
En Manizales son muchos los establecimientos de comercio que utilizan, suponemos que con los debidos permisos, las terrazas, que les sirven, entre otras cosas, para atender mejor a sus clientes. Sus dueños, que son generadores de empleo en una ciudad sin una abundante industria y en la que el sector comercial tiene un gran impacto, no se han opuesto al pago de este tributo sino que han clamado, con todo derecho y respetuosamente, para que sea justo y razonable, es decir que no los arruine, y han buscado infructuosamente que se les escuche por intermedio de sus voceros, antes de verse obligados, como lo han dicho algunos, al cierre de sus negocios, con las consecuencias que en materia de desempleo ello acarrearía.
El aludido proyecto de acuerdo llegó al Concejo acompañado de un documento base, en el que normativamente se justifica la competencia del gobierno municipal para presentarlo, y se señala un soporte legal y jurisprudencial. Al final de ese documento existe una breve y precaria exposición de motivos, en la que se especifican dos objetivos: el primero es brindarle a la Administración una herramienta para "asegurar la sostenibilidad de los bienes de uso público..", dentro de un marco económico, social y técnico determinado, marco cuya "determinación" debió ser fruto de unos serios y sólidos estudios que por ninguna parte se mencionan y para cuya elaboración el Concejo le otorgó al gobierno municipal un año, plazo más que suficiente. El segundo objetivo es retribuir a los ciudadanos los beneficios obtenidos por quienes han usufructuado el espacio público, lo que quiero decir que la compensación propuesta implicará un retorno de beneficios que, de ser posible, no se sabe en qué términos se producirá.
La Constitución Política de Colombia define que la nuestra es una democracia participativa, donde los ciudadanos no solo tienen derecho a intervenir en la gestión pública, sino que se impone a las autoridades el deber correlativo de atender las iniciativas de los mismos, es más, tienen el deber de promoverlas. En buen romance esto se llama gobernabilidad, la que no es difícil de lograr si se actúa con "la prudencia que hace verdaderos sabios". A los ciudadanos hay que escucharlos, máxime cuando se trata de imponer cargas públicas, y cuando, como lo hacen los comerciantes de Manizales, exponen argumentos sólidos y serios y lo hacen del modo respetuoso que los caracteriza. El gobernante debe interactuar con la comunidad no solo permitiéndole que se exprese, sino que haga valer sus intereses y derechos, los que le deben merecer una respetuosa y eficaz atención.
Diego María Arias
Invasión
¿Qué van a hacer la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía de Manizales con la invasión de indigentes y locos en la ciudad? No se hagan los ciegos, miren cómo está la ciudad de abandonada y no hacen nada. La carrera 22 y 23 se nos está invadiendo.
Un ciudadano
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