Alzas en servicios públicos
Señor director:
Como ciudadano y como suscriptor de LA PATRIA, debo felicitarlo por el excelente editorial de ayer titulado: “Moderación en las alzas”. Es inaudito, por decir lo menos, que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), entidad creada por la Ley 142 de 1994 y en quien delegó el gobierno central la obligación de mejorar las condiciones del mercado de los servicios públicos y “contribuir al bien de la población colombiana”, se haya convertido en la personificación del país alcabalero que es Colombia, acolitando la dictadura impositiva -no muy distante de la impuesta por Maduro- que pretende, poco a poco, disimuladamente, extinguir hasta las mismas casas de habitación de los colombianos.
Lo que ocurre con doce municipios de Caldas y muchísimos más del país es el precio del centralismo que conlleva el desconocimiento de los problemas de las regiones, sobre todo el de la pobreza de los municipios colombianos.
En mi caso particular, como ejemplo, poseemos una sencilla casa de dos plantas, en la segunda de las cuales resido con mi familia, mientras que en la primera planta lo ha hecho hace muchos años otra, siempre con el garaje ocupado con un pequeño negocio. Me asigna EMAS tres unidades, por las cuales me cobraba en enero de 2018 la suma de $69.107 y ya en diciembre $78.629, es decir, en lo corrido del año, me hizo un alza de $9.522, equivalente a un 13,08%, mientras que mi pensión subió tal vez un 4%. Ahora, me asignan 224,31 kilos de basura mensual, dato que no sé dónde toman, puesto que no alcanzamos a sacar 100 en tal período.
La luz la subieron en 6,7%. Y el alumbrado público lo cobran a $10.100, por piso, para el funcionamiento de tres lámparas en la cuadra, donde hay 16 casas y tres edificios, para un monto que seguramente supera los $400.000 mensuales.
Del impuesto predial hablaremos en otra oportunidad, como también del impuesto de valorización que merecen capítulo aparte.
Señala el Editorial que hay tal grado de injusticia y desequilibrio, que el doctor Guido Echeverri, gobernador del departamento, ha gestionado ante el Gobierno Nacional buscando una flexibilización, sin éxito alguno. Y reclama un plazo sensato para el pago de servicios anteriores.
No sé si en este caso tendría aplicación el principio establecido por el inciso cuarto del art. 146 de la ley 142 de 1994, el cual establece que “…la falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hará perder el derecho a recibir el precio…” y tampoco si las leyes, decretos o resoluciones tengan aplicación para situaciones anteriores o solamente regirán hacia el futuro. Pero, si la acción u omisión no fueren de la empresa EMAS, mucho menos podrían atribuirse a los usuarios que pagan las facturas como les lleguen.
De todas maneras, lo que sí es ostensible es la falta de concordancia entre los principios de respeto y justicia que invocan y la contribución al bienestar de la población colombiana con la forma en que se atropella a la gente por una oligarquía capitalina que ignora por completo la situación de pobreza y desamparo en que se mueven los habitantes de casi todos los municipios del país.
Cómo hacen de falta en esos altos poderes personas que posean conocimientos y sentimientos como los de dos líderes bien conocidos en Manizales: Moisés Gallego y Luis Gonzaga Serna, a quienes la historia tendrá que reservarles puestos de honor por sus denodadas luchas en favor del pueblo caldense. Y mientras tanto no sé dónde estarán ni qué harán nuestros parlamentarios que bien podrían intervenir en la reforma de esas reglamentaciones tan absurdas y perjudiciales. Necesario apreciar el valor del voto hacia el futuro.
Atentamente,
Manuel Galindo A.
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