Colombia en las mediciones de corrupción sigue cayendo. En la más reciente publicada por Transparencia Internacional ocupó el puesto 96 entre 180. Obviamente, esto tiene que ver con la cantidad de hechos que se han descubierto en los últimos años de malos manejos de los recursos públicos. Por este motivo se debe seguir trabajando en hacer de la transparencia una obligación en el Estado. Si bien no es la única solución, sí ayuda a que sea más difícil robar y a que se facilite el control ciudadano, que juega papel fundamental en que haya rendición de cuentas.
El filósofo surcoreano Byung-Chu Han dice que "al poder le gusta envolverse en el secreto", que es una forma muy inteligente de denominar la cultura del tape-tape, que tanto daño le ha hecho a la administración pública en países como el nuestro. Por esto, estamos convencidos de que hay que seguir trabajando para lograr que los datos abiertos sean una herramienta que cualquiera pueda usar y saber lo que pasa con sus impuestos, los planes, la ejecución de estos, los recursos invertidos, la forma en que se contrata o cómo se escogen esos contratistas, también las hojas de vida de quienes trabajan en lo público. El ciudadano tiene derecho a acceder a toda la información y a analizarla.
La ONG Transparency Contracting Partnership adelanta en la Gobernación una consultoría para poner al servicio de los ciudadanos una verdadera herramienta de datos abiertos. A esto se suma la decisión del mandatario de que toda la contratación pública del Departamento se suba al Secop II, un sistema mucho más amigable, que permite cruzar información, visualizar y entender, lo que no sucede todavía con el Secop I. Sin embargo, hay resistencia de la mayoría de secretarios del Despacho por cumplir este compromiso. Seguimos esperando que más temprano que tarde se pongan al día. Como lo dice el director de Colombia Compra Eficiente sirve para ver en qué se invierten los recursos públicos. Hoy publicamos cómo todos los secretarios y gerentes de institutos descentralizados de la Gobernación sí cumplieron su promesa de tener disponibles sus declaraciones de renta. Principio tienen las cosas.
La transparencia no es solo subir los documentos. Es como lo plantea la Ley de Acceso a la Información Pública, que el Estado sea proactivo en la generación de información. No debe esperar a que los ciudadanos pidan documentos o rendiciones de cuentas, los funcionarios deben aprovechar las oportunidades que ofrece la era digital para dar cuenta de las cosas que están haciendo y para poner al servicio de un clic toda la información; con las excepciones únicas que prevé la ley, para que pueda ser controvertida.

Justo esta semana se inauguró en la Gobernación una moderna oficina de atención al ciudadano, que usa un software que adquirió la Oficina de Transparencia para ayudar en la gestión documental, lo que le viene muy bien a una entidad que parece anclada en sus trámites al siglo pasado. Ya supimos de la resistencia que tiene la puesta en funcionamiento de este software que rompe con la cultura organizacional tradicional de paquidermia y pasa a que ciudadanos puedan hacer seguimiento a sus documentos, conocer los procesos, entre otras ventajas. De lograrse, pondrá un listón muy alto esta Administración en estas materias, pero parece que solo le caminan el gobernador y un puñado de sus cercanos colaboradores. Hay que lograr que la cultura de la transparencia sea una realidad, no basta con la buena voluntad.