COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Un giro en la postura extrema que ha tenido frente al proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional con las Farc, hizo ayer el Centro Democrático. En ese sentido planteó que para que los acuerdos que se han pactado puedan hacerse realidad, se debe proceder a una concentración inmediata de esa guerrilla, una verificación internacional, como también un compromiso para que devuelvan los dineros que tienen y así poder resarcir a las víctimas, a la vez que insisten en alargar el tiempo del proceso.
Esos planteamientos fueron dados a conocer en una rueda de prensa dada por el senador Alfredo Rangel, quien fue el coordinador de una propuesta sobre paz del Centro Democrático, que se había comprometido a formular.
Según esa propuesta, el uribismo estima que frente a “los acuerdos inconvenientes para la democracia y para la certidumbre de la empresa privada, los riesgos de los puntos aplazados, el rearme y el aumento de la violencia son factores que aconsejan en este momento tener paciencia y estar dispuestos a prolongar los diálogos, pero con concentración inmediata de las Farc, en un sitio que garantice que quienes delinquen por fuera de él no son sus integrantes”.
El Centro Democrático sostuvo: “para que este cese de acciones criminales sea eficaz debe ser verificable, irreversible y definitivo, lo cual exige que las Farc reúnan todos sus efectivos y todas sus armas en un sitio de concentración, que no debe estar en ningún casco urbano, en zonas de frontera, en áreas estratégicas, ni en lugares de alta producción agrícola o ganadera”. Plantean que esa verificación la hagan organismos como la ONU, la OEA y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Reiteraron su concepto acerca de que los diálogos de paz y el consiguiente debilitamiento de la lucha contra el terrorismo han ocasionado un serio deterioro de la seguridad en el país. Efecto, entre 2010 y 2014, periodo de los diálogos secretos y abiertos con las Farc, la extorsión, según ellos, ha aumentado en 232%, los ataques contra las instalaciones militares subieron 111%, los atentados contra los oleoductos se incrementaron en 355%, los hostigamientos contra la Fuerza Pública aumentaron 69%, los retenes ilegales 64% y las acciones terroristas 62%.
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