Sin despejarse la negociación con los indígenas

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Según el último censo nacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en Colombia hay 378 mil indígenas, que equivalen al 3,4% de la población nacional. Bajo este contexto demográfico y ubicados en 27 departamentos del país, los 87 pueblos de esta etnia que existen en el territorio nacional, según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de 2012, fueron víctimas directas del conflicto armado por estar ubicados en localidades remotas.
Sin embargo, pese a que se dice que Colombia dejó atrás la época de la violencia, luego de haber firmado los Acuerdos de Paz de La Habana, los hechos de violencia en contra de esta población no han cesado. Así lo demuestra el asesinato de Aulio Isarama Forastero, el pasado 24 de octubre, a manos del Eln, pese a que tenía menos de un mes de haber declarado el cese el fuego con el Gobierno Nacional.
Invocando estos hechos, el respeto a los derechos humanos, cumplimiento de acuerdos ambientales y de paz, 96 municipios convocaron a una minga nacional el pasado lunes en horas de la mañana, con el objetivo de visibilizar a través de la protesta la situación en la que se encuentran las comunidades de esta etnia.
De acuerdo a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el 62,7% de las comunidades indígenas en el país tienen posibilidades de desaparecer por diferentes fenómenos sociales, entre ellos el asesinato sistemático de líderes. Esta organización reporta 40 homicidios de indígenas, después de haberse firmado el acuerdo de paz con las Farc.
Para Gerardo Jumí, líder indígena de la comunidad emberá y representante de la mesa permanente de concertación en la minga, estas acciones son consecuencia del abandono estatal a esta población y “del incumplimiento permanente del Gobierno Nacional”.
Durante los cinco días que lleva la manifestación, se han reportado bloqueos en vías, enfrentamientos con la fuerza pública, heridos y la retención con posterior liberación de 17 policías en el departamento de Risaralda.
Ayer, la ONIC informó que en las protestas masivas hubo enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los manifestantes en los municipios de La María, Piendamó, Caldono y Monterillo (Cauca), y en la vía Popayán – Cali (vía Panamericana) a la altura de la vereda Monterilla. Así mismo, se reportó bloqueo por varias horas en esta última carretera.
Dice la ONIC que cerca de una decena de indígenas fueron heridos por la Fuerza Pública, en diferentes partes del país. Así mismo, se habla de un grupo de policías lesionados por enfrentamientos en las vías de Cali-Popayán; Loboguerrero-Buenaventura; Valle-Cauca; Quibdó-Medellín; Cúcuta-Ocaña, entre otras.
Según Francisco Almendra, del Gobierno Mayor Indígena, las organizaciones están pidiendo por la preservación de sus vidas, la paz, la protección del territorio y el cumplimiento de los acuerdos de paz con sus comunidades, y lo que se está viendo en las jornadas de protestas demuestran que no tienen garantías.

Exigencias
Los representantes de la minga presentaron el pliego de peticiones al Gobierno y exigieron la presencia del presidente de la República en la mesa de diálogo. Dentro de las peticiones que hicieron, piden que la Unidad de Protección y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se comprometan a diseñar políticas de protección individual y colectiva a las comunidades.
Otra está relacionada con las legislaciones ambientales. Quieren que el Gobierno Nacional garantice la conformación y el funcionamiento de la Comisión Nacional Ambiental Indígena, como escenario para concertar la agenda ambiental.
En cuanto al tema de tierras, los indígenas piden que el Estado se comprometa a fortalecer los recursos financieros del proyecto Implementación del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional. “El Ministerio de Agricultura garantizará que dicho proyecto de inversión tenga una apropiación presupuestal de 150.000 millones de pesos durante los próximos diez años”, dice el pliego.
En cuanto al acuerdo de paz firmado con las Farc,  el pliego de petición exige que el Gobierno Nacional se comprometa a incluir el enfoque étnico diferencial indígena.
Frente a esto, Jumí afirmó que son muchos los acuerdos que se han hecho con el Gobierno y que ninguno de ellos se ha cumplido. “En este sentido, por ejemplo, el acuerdo de paz, dice que se debe consultar a los territorios indígenas para empezar la implementación y eso no se ha hecho”, agregó el líder embera.
El representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howwland, afirmó que desde su oficina están trabajando para intermediar entre la Fuerza Pública y los protestantes.
“Nuestro llamado a las dos partes es de parar por un momento y de hacer discusiones y evitar que las tensiones aumenten más y que haya más confrontaciones que pueden generar violaciones de DD.HH. Estamos hablando de gente que no tiene armas, que son civiles, y que la policía tiene la jurisdicción para tratar protestas sociales en Colombia”, dijo el funcionario.
Miembros del Gobierno Nacional y representantes de las comunidades intentan mediar para llegar a un acuerdo que permita levantar las protestas.

Liberan a 17 policías
Los 17 policías que fueron retenidos por indígenas en una zona rural de Pueblo Rico, Risaralda, fueron liberados ayer. Rodrigo Nacavera, integrante del Consejo Regional Indígena de Risaralda, indicó que los manifestantes solicitaron el retiro de los policías y miembros del Ejército que hacen presencia en la zona.
Sin embargo, al no recibir respuesta decidieron retener a los uniformados junto con sus armas de dotación.