Se revela la faceta más violenta del régimen Maduro

LA PATRIA | MANIZALES*

La masacre de Junguito, contra el grupo rebelde de Óscar Pérez, horrorizó a la región y puso al mandatario más cerca de la Corte Penal Internacional. Analistas dicen que además pateó diálogos con la oposición. Grupo de Lima alistaría medida.

Los restos del policía rebelde Óscar Alberto Pérez completaron seis días retenidos en la morgue de Bello Monte, centro de Caracas. El tiro de gracia que recibió en su frente y las heridas internas que le dejó la onda explosiva de un cohete antiaéreo ruso y de varias granadas de mano serían dos razones por las cuales se buscó incluso hacer polvo su cadáver, en un crematorio.

El régimen de Nicolás Maduro, que ha desafiado a la justicia de su país condenado a opositores con evidencia falsa (como Leopoldo López) y ordenando la represión de manifestantes a sangre y fuego, pareciera querer ahora minimizar un acto que 22 expresidentes, organismos internacionales de derechos humanos y hasta la iglesia venezolana califican de masacre y de ejecución extrajudicial.

Aniquilados

Pérez y su grupo fueron aniquilados el pasado 15 de enero, durante un operativo que se trasmitió en tiempo real por redes y que duró al menos seis horas.

Cerca de 600 hombres de cuatro cuerpos de seguridad rodearon el pequeño chalet en el que el policía renegado se escondía hacia un mes, ubicado en El Junquito, a apenas 20 kilómetros del Palacio de Miraflores.

La llamada operación Gedeón se inició a las 5:00 de la mañana, cuando hombres de fuerzas especiales cortaron la luz y el teléfono del lugar e ingresaron con tanquetas, camionetas blindadas y un helicóptero artillado.

“Nos han disparado, estamos agazapados, pero ya estamos negociando con los funcionarios. Vienen los fiscales, viene la prensa”, grabó Pérez en uno de los 14 mensajes que alcanzó a enviar por Instagram mientras le disparaban.

De manera simultánea, se divulgó un video en el que un oficial a cargo del operativo le dice a Pérez que la orden de Maduro es resguardarle la vida. Pero luego lo masacraron.

“Para matar a seis personas usaron granadas de mano y un lanzacohetes RPG, un arma antiaérea de fabricación rusa, calificada por la OTAN como no convencional y vetada para enfrentamientos en zonas urbanas por los daños colaterales. Es evidente el uso desproporcionado de la fuerza”, asegura Wilton Hernández, oficial (r) de la Armada de Colombia, experto en armas y explosivos.

Aplastar militarmente a los rebeldes e intentar devolver el cuerpo de Pérez en cenizas se ha interpretado como una táctica del régimen de Maduro para enviar un claro mensaje de lo que les esperaría a los opositores a su gobierno, especialmente si son miembros de las fuerzas de seguridad. Eso explicaría por qué se le permitió a Pérez transmitir el asalto.

Manfred Grautoff y la venezolana Rocío San Miguel, expertos en seguridad y defensa, aseguran que lo primero que hacen las fuerzas especiales en estos casos es instalar jammers para bloquear la señal. También hubiesen podido silenciar a Pérez con el satélite Francisco Miranda o pidiendo al operador de celular que desactivara la celda de transmisión.

Por eso Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, no duda en señalar que el policía, entrenado en operaciones de asalto, terminó siendo usado mediáticamente por el gobierno de Maduro para legitimar que hay una conspiración real en su contra.

En eso, el analista coincide con el venezolano Víctor Mijares, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, que además señala que Pérez con actos más de espectáculo que de fuerza terminó encarnando la fábula de Maduro de un supuesto enemigo interno, patrocinado por gobiernos extranjeros.

Tigre de papel

De hecho, Maduro habló de que el muerto planeaba poner un carro-bomba y que estaba respaldado por colombianos. Y este viernes, cuando el Parlamento citó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a responder por la masacre, se divulgó la versión de que la célula terrorista de Pérez planeaba asesinar al Presidente.

Pero los analistas concuerdan en que el alcance del policía, desertor del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), era más mediático que militar.

Primero se le vio piloteando un helicóptero robado, en el que sobrevoló Caracas y llamó a la rebelión. Ese día, el 27 de junio de 2017, disparó y lanzó dos granadas sobre el tribunal Supremo de Justicia.

También subía a redes videos de entrenamiento, portando fusiles M-4 y pistolas semiautomáticas en sus pierneras. Y el 18 de diciembre se tomó un puesto de comando de la Guardia Nacional en los Altos Mirandinos (a las afueras de Caracas) y sometió a por lo menos 16 funcionarios sin disparar un solo tiro, pero llevándose consigo 26 fusiles de asalto, tres pistolas y 3.240 balas. Sin embargo, al final, el operativo en el que murió dejó en evidencia su verdadero alcance.

“Llama la atención que un grupo comando, renegado, no tuviera una unidad de resguardo y vigilancia. La vulnerabilidad de su escondite demuestra un error estratégico. Solo tenía un punto de entrada y salida”, dice la analista San Miguel.

Y añade que el grupo de Pérez no solo demostró que fue sorprendido, sino que además tenía una limitada capacidad de respuesta y una estructura pobre de organización. De hecho, circuló la hipótesis de que eran idiotas útiles para mantener el estado de emergencia, que permitiera apresar opositores, amedrentarlos y mantener el control sobre las fuerzas armadas y policiales.

Pero ahora es claro que su caso será usado para alimentar el dossier internacional contra el régimen de Maduro e impulsar un eventual proceso en su contra ante la Corte Penal Internacional (CPI).

“Fue una violación fragante de todos los códigos de conducta de Naciones Unidas, en materia de uso de la fuerza por las autoridades, frente a movimientos políticos adversos, incluso terroristas. La aplicación de la fuerza debe ser proporcional y progresiva y no vimos eso”, explica Mijares.

Y agrega que, de paso, Maduro le dio una patada a la mesa de diálogo con el sector más moderado de la oposición, que aparentemente avanzaba desde República Dominicana.

El ministro del Interior, Néstor Reverol, se encargó de sembrar cizaña en torno a la Mesa de Unidad Democrática, diciendo que desde allí salió la información sobre la ubicación de Pérez, ahondando en la división de la oposición venezolana.

*Este artículo es una iniciativa de los medios impresos de la Asociación de Medios de Información (AMI). Fue coordinado y realizado por la Unidad Investigativa de El Tiempo, con el apoyo de Valentina Lares, en Caracas, y el periódico El Colombiano.

Sigue

Mientras se concreta la entrega del cadáver del policía, de 36 años y también actor, se espera un pronunciamiento de los cancilleres del llamado Grupo de Lima, 12 países que le quitaron el título de democracia a Venezuela desde agosto del 2017.

Se reunirán este martes en Chile y no se descarta que tomen finalmente la iniciativa de pedirle a la CPI abrir una investigación formal en contra del presidente, Nicolás Maduro, un riesgo que ningún estado ha tomado hasta ahora en solitario. Luis Almagro, desde la OEA, también estaría preparando una movida diplomática similar.

La Unión Europea, mientras tanto, ya anunció sanciones individuales contra Reverol, Diosdado Cabello (el segundo del régimen) y el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, por ser culpables de la represión.

La medida se anunció este jueves mientras retumbaban las últimas palabras de Pérez: “Venezuela, no quieren que nos entreguemos. Literalmente nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir. Fuerza”.