Se inicia la ruta al plebiscito con inédito cese el fuego

Laura Barros

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

Colombia comenzó ayer el camino hacia el plebiscito del próximo 2 de octubre en el que la población se pronunciará sobre el acuerdo de paz alcanzado en La Habana, con el anuncio de un histórico cese el fuego con las Farc, la guerrilla más antigua del continente, alzada en armas desde 1964.

Menos de 24 horas después de la rúbrica de los acuerdos logrados en la mesa de negociaciones, el presidente de , Juan Manuel Santos, presentó al Congreso el texto definitivo como requisito para la convocatoria de la consulta popular.

Pero además allanó el camino para empezar a materializar la paz al anunciar el alto al fuego definitivo con las Farc que entrará en vigor a las cero horas del próximo 29 de agosto, una osada decisión que marcará en la práctica el fin del conflicto con ese grupo armado ilegal.

"Quiero informarle a los colombianos que como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, he ordenado el cese el fuego definitivo con las Farc a partir de las cero horas del próximo lunes 29 de agosto", declaró Santos.

El mandatario llegó a las escalinatas del Capitolio Nacional tras atravesar caminando el Patio de Armas de la Casa de Nariño, arropado por un nutrido grupo de personas, entre ellas niños y jóvenes, adultos de la tercera edad, víctimas del conflicto, artistas, políticos y representantes de minorías étnicas, que coreaban "sí se pudo".

Santos fue recibido por los presidentes del Senado, Mauricio Lizcano, y de la Cámara de Representantes, Manuel Ángel Pinto, a quienes entregó el acuerdo de 297 páginas amarrado con una cinta con los colores de la bandera nacional.

El alto al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo entre el Gobierno y las Farc está incluido en el acuerdo de paz, como parte del punto de "fin del conflicto", que comprende además la dejación de armas por parte de esa guerrilla, que serán entregadas a una comisión internacional, así como su posterior desmovilización.

El gobernante señaló que cuando se iniciaron las negociaciones públicas con las Farc, hace cuatro años, dijo "que no se podía decretar un cese el fuego sino hasta que terminara el proceso" y añadió: "con lo que sucedió ayer donde todo está acordado", se puede declarar el alto al fuego.

Las Farc habían declarado a lo largo de los cuatro años de negociaciones en La Habana varios alto al fuego unilaterales y el Gobierno respondió a esos gestos con la suspensión de los bombardeos a campamentos guerrilleros.

El último alto el fuego de las Farc comenzó el 20 de julio del 2015 y se ha mantenido desde entonces, periodo en el que se han reducido a mínimos históricos los niveles de confrontación con esa guerrilla, que en los peores años del conflicto fue responsable de sangrientos ataques a bases militares o puestos de Policía que se saldaron muchas veces con víctimas entre la población civil.

El pueblo decide

Santos pisó además el acelerador para la refrendación de los acuerdos al entregar al Congreso el texto rubricado la víspera en La Habana por los equipos negociadores, que él mismo ha definido como "inmodificable", como paso previo para la votación de octubre.

El plebiscito, que fue avalado el pasado 18 de julio por la Corte Constitucional, establece, para lograr su aprobación, que al menos el 13% del censo electoral (4 millones 396 mil 626 electores) vote a favor del sí.

"Soy consciente de que no tenía esa obligación legal (de convocar el plebiscito), pero sí la obligación moral, porque soy un demócrata y creo que el pueblo debe tener la ultima palabra", apuntó Santos.

El jefe de Estado aseguró que está "entregando al pueblo la última palabra sobre la paz de Colombia", por lo que serán los ciudadanos los que hablen el 2 de octubre y digan: "sí, quiero la paz".

"La paz siempre es mejor que la guerra, la paz nos va a quitar el miedo con que hemos crecido todos los colombianos después de tanto tiempo de conflicto armado", agregó.

También ayer líderes de distinta tendencia discreparon sobre el acuerdo de paz sellado en La Habana.

Mientras para el senador Antonio Navarro lo firmado no es de poca monta porque se hizo con la guerrilla "más grande, más organizada, y más antigua" de Latinoamérica, el excandidato a la vicepresidencia por el opositor Centro Democrático, Carlos Holmes, cuestionó el "acuerdo en el que los culpables de masacres, secuestros, reclutamiento de niños y otros graves delitos" no paguen "ni un solo día de cárcel".

Análisis

El alto al fuego no es solo el fin en la práctica del conflicto, además supone un respiro para un país al que la inmensa mayoría de los ciudadanos solo lo conoce en guerra.

El efecto del fin de las hostilidades supondrá un impacto muy fuerte para una buena parte de la sociedad, especialmente en las zonas rurales, acostumbrada a los tiroteos, los secuestros y los bombardeos, estas últimas acciones suspendidas hace meses por orden de Santos.

Especialmente sensibles serán las regiones en las que las Farc se han enseñoreado e impuesto su ley durante décadas, como el sur del país donde durante el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) se estableció una zona desmilitarizada de más de 42 mil metros cuadrados, un área mayor que Suiza, para los fallidos diálogos de paz de la época.

Esa "zona de distensión", que abarcaba cinco municipios de los departamentos del Caquetá y Meta, y tuvo como centro la localidad de San Vicente del Caguán, fue convertida por las Farc en una suerte de "república independiente" en la que incluso llegaron a emitir "decretos".

Con la próxima disolución de las Farc como grupo armado ilegal, el Estado, que ha sido ausente durante generaciones, deberá reforzar su presencia para que el territorio no sea ocupado por otras organizaciones, como la guerrilla del Eln o las bandas criminales.

Además, deben romper el círculo vicioso de violencia que se ha enquistado en esas áreas, donde muchos ciudadanos han visto la opción de unirse a grupos de delincuencia común para beneficiarse de las actividades económicas ilegales como el narcotráfico o el contrabando.

En ello ha puesto su foco Santos, quien en varias ocasiones ha afirmado que se debe mejorar la educación en esas zonas para poder dar mayores oportunidades a los jóvenes.

Incrementar las posibilidades de esos ciudadanos pasa también por reducir la influencia de los cultivos ilícitos que se convirtieron para las Farc en su principal fuentes de financiación.

Según alertas de distintos organismos, varios grupos ya han intentado apoderarse de los territorios donde desaparecerán las Farc, lo que perpetuaría la violencia.

Además, se abre otro capítulo delicado, el de los disidentes que, bien por radicalismo ideológico o por intereses económicos se mantendrán en el monte. A ellos, Santos ya les ha advertido de que si desdeñan la oferta de la paz, "terminarán en una tumba o en una cárcel".

Hasta el momento, solo uno de sus grupos, el Frente Primero, se ha pronunciado abiertamente acerca de su disidencia, sin embargo los mandos guerrilleros recorren el país para intentar minimizar el número de miembros que no dejen las armas.

Otros retos

Más allá del fin de la confrontación armada con las Farc, el Estado debe centrarse también en los otros retos que le quedan por delante.

Entre ellos, está el que supone el Eln, la última guerrilla activa, con quien el Gobierno intenta iniciar desde 2014 un proceso similar al que acaba de concluir con las Farc.

Ese grupo armado cuenta apenas con unos 1.500 guerrilleros en armas y operan en territorios mucho más concentrados que las Farc, lo que no significa que su combate resultará, a priori, más fácil para los militares.

Además, queda un pequeño reducto del Epl, desmovilizado en 1990 y cuyos miembros restantes son considerados por el Gobierno como un grupo de narcotraficantes que está enquistado en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.

Sin embargo, el mayor reto lo supone otro grupo de disidentes, los de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizadas en 2006 y muchos de cuyos combatientes integran ahora varias bandas criminales .

Con el fuego concentrado en ellos y el apoyo que las Farc han comprometido para terminar con el narcotráfico, parece que Colombia afronta una nueva realidad.

Los colombianos tienen 38 días para digerir el acuerdo de paz, un documento de 297 páginas que está disponible desde ayer en las principales páginas web del Gobierno. En un país donde las estadística oficiales dan cuenta de que en promedio un colombiano lee 1,9 libros al año, los ciudadanos tendrán el reto de analizar 7,8 páginas al día desde ayer y hasta el próximo 2 de octubre, para cuando está convocado el plebiscito.