Renuncia el secretario ejecutivo de la JEP

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl Correa, presentó ayer la renuncia "irrevocable" a su cargo en el ente judicial diseñado para juzgar los crímenes del conflicto armado colombiano tras la firma del acuerdo de paz con las Farc.

En una carta dirigida a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y a los magistrados del organismo, Correa aseguró que dejará el puesto el próximo 1 de mayo "con la satisfacción del deber cumplido" por haber "diseñado y puesto en funcionamiento" la jurisdicción, una tarea que da por finalizada.

"Hace poco más de un año fui designado por la Organización de las Naciones Unidas y luego ratificado por el Comité de Escogencia para diseñar y poner a funcionar la JEP. Esta labor ya la cumplí sobre la base de una concepción humanista y respetuosa de la justicia", detalló Correa en la misiva.

Las razones que llevaron al alto funcionario a tomar esta decisión se desconocen, aunque en el último mes trascendieron momentos de tensión en el seno del organismo.

Por ejemplo, Correa tuvo que salir ayer al paso de críticas por no haber contratado vehículos blindados para los magistrados y funcionarios del ente judicial y explicó que se habían alquilado autos convencionales para "suplir una necesidad de transporte".

Noruega, Suiza y Suecia enviaron cartas al Gobierno colombiano para pedir claridad sobre la gestión de los recursos del Fondo Colombia Sostenible, que maneja el dinero donado por los tres países para la aplicación del acuerdo de paz, entre los cuales se encuentran los fondos para la JEP.

Correa aseguró en su carta de renuncia que guió su gestión en "los más altos estándares de transparencia, eficiencia y eficacia".

La JEP se puso en funcionamiento el pasado 15 de marzo y es columna vertebral del acuerdo de paz con las Farc, firmado en noviembre del 2016.

Esta jurisdicción transitoria tratará los crímenes cometidos por exguerrilleros, agentes de la fuerza pública y civiles en el conflicto armado con una visión de la justicia restaurativa para aquellos que cuenten la verdad, mientras que expedirá sanciones ordinarias para los que no colaboren con la Justicia.