Procuraduría suspende por tres meses a Aída Merlano y pide silla vacía

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses a la representante a la Cámara y hoy senadora electa Aída Merlano y le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la suspensión del proceso administrativo para su nombramiento oficial como senadora. Esto, luego de abrir indagación preliminar por el hallazgo en sede de campaña de dineros, armas y códigos de barras para la presunta compra de votos.

El Procurador, Fernando Carrillo, señaló que igualmente le solicitó al partido Conservador que suspenda a la dirigente política y que adelante una investigación interna que lleve incluso a su expulsión.

“El Ministerio Público no puede permitir que una persona que haya incurrido en la compra de votos y la corrupción al sufragante pueda iniciar sus labores legislativas como si nada hubiera pasado. No podemos permitir que llegue al Senado de la República, se trata de una votación, de un proceso viciado de nulidad”, señaló.

Carrillo además indicó que espera que en este caso opere la silla vacía y no se pueda reemplazar a Merlano en su curul.

“Aquí hay un hecho político. Merlano fue elegida como senadora con 73.250 votos según al Registraduría. La filosofía del artículo 134 de la Constitución es que se aplique la sanción de la silla vacía’ y en su momento sostendremos los argumentos jurídicos del caso y que se aplique esa sanción al partido Conservador. Creemos que es inaceptable que un partido, y así lo debe interpretar el partido Conservador, que se acuda a 73.000 votos viciados de nulidad para sumarlos a su caudal electoral”, señaló.

Ayer el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia en su contra luego de las pesquisas en las que se encontraron nueve computadores, cuatro armas de fuego, entre las que había dos revólveres, una escopeta y una pistola, y de las cuáles solo una contaba con el permiso de porte.

También hallaron 268 millones de pesos en efectivo. Pero, según la Fiscalía, durante toda la campaña se habrían repartido más de 6000 millones de pesos.

Martínez dijo ayer que “tenían además un sistema organizado para identificar a los líderes y hacer la trazabilidad del proceso de compra de sufragios, a través del uso de dos formatos, las actas de compromiso y el seguimiento de cada votante”.

Las investigaciones de la Fiscalía pudieron establecer que llevaban una contabilidad detallada en una planilla en la que se hacía la relación de los líderes, el municipio al que pertenecían y los gastos de la jornada. Al parecer, cada voto era pagado a 40.000 pesos, con un subsidio de 5000 pesos de transporte.

Conocida la situación, la Fiscalía capturó cinco personas. Se trata de Edwin Rafael, Jefferson Jesús Victoria, Vanesa Victoria Merlano, María Camila Valencia y Everlin Carolina Díaz.