Procuraduría suspende al gobernador de Sucre

BOGOTÁ - La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por el término de 8 meses al actual gobernador de Sucre, Julio Cesar Guerra Tulena, por las irregularidades que se presentaron en la licitación del chance en el departamento.

Igualmente, compulsó copias al despacho del Procurador General de la Nación para que investigue si el senador de la República Héctor Julio Alfonso López, incurrió en falta disciplinaria por estos hechos tal y como aseguró el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Rafael Merchán.

El Ministerio Público investigaba a Guerra Tulena por no haber realizado un control sobre la Empresa Comercial de Juegos de Suerte y Azar de Sucre, Emcoazar, permitiendo que entre el 2 de julio y el 12 de septiembre de 2013 se adjudicara dicha licitación sin que existieran varios oferentes.

Esto habría favorecido a la empresa Aposucre S.A, ligada a la empresaria Enilse López, alias ‘La Gata’, hoy condenada por homicidio.

La entidad señaló que hubo un comportamiento omisivo en un proceso en que tuvo que ser declarada la caducidad del contrato, hecho que ocasionó que ese ente territorial no esté recaudando los recursos económicos producto de la renta que debería generar la concesión del chance.

Para tal fin, el Ministerio Público señaló que los gobernadores tienen una labor de vigilancia y control y que en este caso hubo múltiples advertencias de que el pliego de condiciones favorecía a Aposucre.

"Sin embargo, el mandatario departamental no realizó el debido control. Por lo que su gestión se aprecia deficiente el cual comporta una gran importancia para la salud del pueblo sucreño", señaló la entidad en audiencia pública.

Además, se indicó que solo hasta el 20 de agosto, poco antes que fuera adjudicada, Guerra Tulena hizo "una mera recomendación", esto es, un mes después que se ventilara públicamente que el proceso tenía serias irregularidades.

En este caso, se señaló que haber solventado esos recursos que se dejaron de recibir con otros rubros del departamento, no es causal de exclusión de la responsabilidad, mas aún si esto se hubiera podido evitar. La Procuraduría, además, indicó que la labor de vigilancia no es letra muerta sino vital en el funcionamiento del departamento.

Así, el Ministerio Público calificó la falta como grave a título de culpa grave al estimar que Guerra Tulena actuó de manera "ineficaz" y "con desidia" en este caso.

En la decisión, la Procuraduría también sancionó con destitución e inhabilidad por el término de 12 años al exdirector de Emcoazar, Edwin Romero Ángel, por haber utilizado en el pliego de licitación para adjudicar el chance, elementos imposibles de cumplir y que eran confusos para los posibles oferentes.

De acuerdo con la entidad, las exigencias para acreditar una experiencia de 15 años a través de un solo contrato, limitaban la participación de otras empresas al punto tal que el propio Romero llegó a modificar el pliego de condiciones, pero aún así la adjudicó a Aposucre.

"El error de los pliegos persistía", señaló la entidad en audiencia de lectura desarrollada este miércoles en la sede de la Procuraduría en Bogotá, luego de cuatro intentos fallidos.

La entidad estimó además que en el proceso se favoreció a Aposucre, pues era la única empresa que ya tenía puntos de distribución listos y se daba más puntaje a eso, que a quien ofrecía apenas instalarlos.

Para la Procuraduría, Romero Ángel incurrió en falta gravísima cometida a título de dolo porque sabía de las irregularidades, con falta de diligencia e imparcialidad y a sabiendas de la ilicitud de sus actuaciones.

La Procuraduría General de la Nación igualmente exoneró de responsabilidad al actual director de Emcoazar, Carlos Pretelt Geovo, quien era investigado por haber utilizado la normatividad errónea para declarar la caducidad del proceso licitatorio afectando las cláusulas de coberturas de riesgos que se aplican en estos casos.

En este caso, se estimó que el funcionario fue inducido a error y se reconoció que Pretelt conocía de primera mano la situación de la licitación por cuenta de las numerosas advertencias de que este proceso estaba direccionado.

El fallo sancionatorio de primera instancia proferido a Guerra Tulena y Romero Ángel fue apelado por sus respectivos defensores.