LA PATRIA | COLPRENSA
A través de una circular el procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, les recordó a todos los funcionarios públicos del país que deben cumplir la Ley de Garantías Electorales, la cual comienza a regir a partir del 25 de junio. También declaró cerrada la pelea con el presidente Juan Manuel Santos.
Indicó que a partir de esa fecha deben “abstenerse de celebrar, con entidades del orden nacional o de cualquier otro orden, convenios interadministrativos que involucren la ejecución de recursos públicos, durante los cuatro meses anteriores a la jornada electoral del próximo domingo 25 de octubre, cuando se elegirán gobernaciones, asambleas, alcaldías, concejos y juntas administradoras locales”.
Señaló que los procesos contractuales se deben adelantar de acuerdo con los cronogramas previstos y según los planes de desarrollo, de adquisiciones y los respectivos presupuestos, a través de modalidades de selección objetiva y de licitaciones públicas, e indicó que en aras de una mayor transparencia dichos procesos deben llevarse a cabo en audiencia pública.
Esta ley ha sido cuestionada por el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien aseguró que debían derogarse apartes de dicha norma.
También a propósito de las recientes declaraciones en medios de comunicación del presidente Juan Manuel Santos Calderón, el procurador celebró las precisiones del jefe de Estado “yo celebro la frase del señor presidente el día de ayer. Dijo: ‘Yo quiero que esa pelea pública que tengo con el procurador se declare cerrada’. Lo que pasa es que yo nunca he peleado con el presidente, ni pública ni privadamente. Yo no peleo con ningún funcionario público, yo cumplo con mi deber. Yo no quiero, no debo, no puedo pelear con ningún funcionario público”, dijo el procurador, Alejandro Ordóñez Maldonado.
El jefe del Ministerio Público destacó que sus deberes constitucionales nada tienen que ver con asumir “peleas públicas” o disputas personales, y que cuando plantea inquietudes frente a las actuaciones de los funcionarios públicos del país lo hace en representación de la sociedad colombiana y en busca de la garantía de sus derechos, según lo ordena la Constitución.
“Cuando el procurador hace preguntas a cualquier autoridad no está atacando a nadie. Cuando el procurador hace preguntas las hace para mejor cumplir su función, las hace para darle transparencia a los procesos, para dar legitimidad e informar a la sociedad porque el Ministerio Público, la Procuraduría, es el ministerio del pueblo”, explicó.
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