Presidente Duque defiende ley de seguridad ciudadana y dice que es "contra criminales"

EFE | LA PATRIA | Bogotá

El presidente de la República, Iván Duque, defendió este jueves una polémica ley aprobada por el Congreso con la que se busca fortalecer la seguridad ciudadana al asegurar que esa iniciativa "es contra los criminales".

"Esta ley de seguridad ciudadana es contra los criminales. Y los que ahora salen a atacarla, pues me llama a mi mucho la atención: pareciera que a ellos lo que les gusta es ser contemplativos y generosos con los criminales", dijo el jefe de Estado en el Fuerte Militar de Tolemaida, el principal centro de formación del Ejército colombiano.

La Ley, destacó Duque, tiene medidas como la prohibición del porte de armas blancas y la máxima restricción de uso de armas traumáticas, defendiendo el principio del monopolio de las armas en cabeza de la fuerza pública.

Manifestó que la norma es clara y decidida contra delitos, como el vandalismo y la destrucción de infraestructura pública.

"¿Cómo así que quemar un bus no es un acto criminal?, ¿Cómo así que bloquearles a las personas el acceso a la salud no es un acto criminal? Esta es una norma que fue aprobada por mayorías aplastantes en el Congreso de la República, porque el Congreso ha interpretado el sentimiento ciudadano", expresó Duque que estuvo presentando el saludo de Navidad a los integrantes del Ejército.

La Ley de Seguridad Ciudadana, es calificada por la oposición como una iniciativa que criminaliza la protesta. En esa dirección el senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), consideró que lo aprobado es "un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares. Es una licencia para matar; una nueva aberración de corte fascista de este gobierno".

Es por ello que él, junto a 18 congresistas más, envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que "constate el incumplimiento del gobierno a sus recomendaciones sobre el respeto de la protesta social".

Las protestas de este año en Colombia, que comenzaron por una propuesta de reforma tributaria y se extendieron por más de cinco semanas perdiendo poco a poco intensidad, tuvieron reportes de graves violaciones de derechos humanos, sobre todo de abuso de fuerza policial y episodios de vandalismo y de civiles armados disparando contra manifestantes.

Igualmente, se reportaron desapariciones, abusos sexuales, bloqueos y homicidios cuyo número difiere según la fuente a la que se le consulte.