El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, formuló pliego de cargos en contra del superintendente Financiero, Gerardo Alfredo Hernández, por omisión de sus funciones en relación del caso Interbolsa.
El procurador Ordóñez calificó la falta grave a título de dolo al considerar que Hernández “no adoptó al parecer las medidas preventivas tendientes a evitar el perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores y la pérdida de confianza del público al conocer desde finales de 2011 la posible manipulación del precio de la especie Fabricato y la probable manipulación de la liquidez de la especie de BMC.
Igualmente la Procuraduría formuló cargos contra Hernández, porque conocía desde el 18 de julio de 2012, la posible manipulación de las acciones de Fabricato y de BMC y aún así “retardó la denuncia de la primera y omitió denunciar la segunda ante la Fiscalía General de la Nación”.
De acuerdo con Ordóñez la decisión se tomó luego de practicar numerosas pruebas como visitas especiales a la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores, la Bolsa de Valores, el Ministerio de Hacienda, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera.
La decisión de la Procuraduría cobijó además con pliego de cargos a otros cinco funcionarios más y archivó la investigación en contra de otro más.
Respecto del Superintendente Delegado para la Supervisión de Riesgos de Mercado e Integridad, Diego Mauricio Herrera Falla, la Procuraduría formuló tres cargos por conocer desde 2011 la manipulación en Fabricato y BMC, así como las irregularidades presentadas en la sociedad Interbolsa SAI S.A, "relativas a la violación de los deberes legales que le corresponden a quienes administran fondos de inversión, conductas estas violatorias de las normas del mercado de valores".
De acuerdo con la Procuraduría, Herrera no propuso la adopción de medidas para "prevenir la pérdida de confianza del público y el perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores, así como tampoco adoptó medidas con la intención de salvaguardar los activos que se encontraban en riesgo y los intereses de los ahorradores e inversionistas de Interbolsa SAI".
A Herrera también se le atribuye que conocía desde febrero de 2012 la posible manipulación de precio de la acción de Fabricato y desde julio de 2012 sobre la presunta manipulación de liquidez de la acción de BMC e incluso desde el año 2011 y aún así no denunció.
Igualmente, Herrera conocía según la Procuraduría, desde el 23 de febrero de 2012 "los vínculos que presentaba Interbolsa S.A SCB con la investigación que adelantaba su despacho por la posible manipulación de especies inscritas en el RNVE, no se declaró impedido, a pesar de existir la obligación de hacerlo".
Esto porque desde mayo de 2006 a abril de 2008 laboró como coordinador de control y gestión de riesgo y director de control, de la comisionista de bolsa Interbolsa S.A.
"Además durante el tiempo laborado en la comisionista de Bolsa Interbolsa S.A., estableció en el ámbito profesional y personal relaciones de amistad con funcionarios y personas que ocupan cargos directivos y de representación legal de la misma", señaló la Procuraduría.
MÁS FUNCIONARIOS IMPLICADOS
La Procuraduría también formuló dos cargos a Rosita Esther Barrios Figueroa, en su condición de superintendente delegada adjunta para Supervisión de Riesgos y Conductas de Mercado, por conocer de los hechos desde el 23 de febrero y el 18 de junio de 2012 y no tomar medidas ni denunciar.
La decisión también incluye a Sandra Patricia Perea Díaz, superintendente delegada para Emisores, Portafolios de Inversión y Otros Agentes, por conocer desde el 29 de septiembre de 2011, "claras irregularidades tipificadas como infracciones al mercado de valores ejecutadas por la Sociedad Administradora de Inversiones, Interbolsa SAI", y no tomó medidas preventivas.
Igual sucedió con Luis Fernando Cuadrado Zafra, superintendente delegado para Intermediarios de Valores y Otros Agentes por tampoco denunciar ni tomar medidas a pesar de conocer desde 2011 las irregularidades que se presentaban en Interbolsa S.A por el contrato de Corresponsalía con la entidad del exterior Premium Capital Fund de Interbolsa S.A SCB.
"No emitió las órdenes necesarias para que las entidades vigiladas suspendieran de inmediato las prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras, y para que se adoptaran las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento, con el fin de proteger los recursos de los inversionistas y la confianza en el mercado de valores", leyó el Procurador Ordóñez.
La Procuraduría formuló cargos en contra de Juan Pablo Arango Arango, superintendente delegado adjunto para Supervisión Institucional, por no tomar medidas preventivas al conocer desde 2011 situaciones irregulares ejecutadas por Interbolsa S.A SCB e Interbolsa SAI.
Finalmente, por considerar que obró dentro del rigor que le exigen sus deberes, Ordóñez ordenó el archivo a favor de Juan Pablo Coy Navarro, director de Conductas de la Delegatura para Supervisión de Riesgos de Mercado e Integridad.
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