Paz con las Farc, a punto

CYNTHIA DE BENITO
EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
El acuerdo para el cese al fuego bilateral y definitivo anunciado ayer por los negociadores de paz del Gobierno y las Farc, que incluye el espinoso esquema de desarme de los guerrilleros, es el punto crucial de los diálogos, convertidos en un duelo de ajedrecistas cuando este asunto se abordaba.

No en vano, este apartado ha sido el último debatido en La Habana, sede del proceso de paz, pese a que en la agenda acordada por las partes era el tercero de los cinco puntos sobre los que conversarían.

Así, tras el preacuerdo sobre tierras y desarrollo rural, y luego participación política, se pasó a hablar sobre erradicación de cultivos ilícitos y víctimas, dejando lo que según analistas era lo más complicado para el final.

Y es que el último punto incluye la dejación de armas por parte de la guerrilla, las garantías de seguridad para excombatientes, lucha contra el paramilitarismo y sus redes de apoyo y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Uno de la mano de otro. Las Farc dejaron claro desde el principio que no dejarían las armas sin tener la certeza de que no les ocurriría lo mismo que a otros guerrilleros colombianos que, tras firmar la paz, fueron asesinados, como le pasó en 1990 a Carlos Pizarro, exlíder del desaparecido Movimiento 19 de Abril (M-19).

Los subversivos están convencidos, y así lo han expresado en multitud de ocasiones, que su mayor amenaza son las bandas criminales de origen paramilitar, las llamadas bacrim, a las que el Gobierno no considera actores del conflicto armado, sino crimen organizado.

La guerrilla pidió, por tanto, medidas para que el Estado persiguiera a las bacrim con mayor intensidad, algo que se vio reflejado el pasado mayo, cuando el Ministerio de Defensa expidió una directriz que permite combatir con toda la fuerza del Estado al crimen organizado, incluyendo bombardeos.

Mientras, el Gobierno les pidió un plazo concreto para abandonar los fusiles y menos zonas para concentrarse y dejar las armas, pues la guerrilla pretendía tantos lugares como frentes tienen, más de 50.

Aquí vino el impasse entre las partes que impidió que, tal y como acordaron, firmaran la paz el pasado 23 de marzo, lo que puso aún más en evidencia lo complejo de este punto, que supone que la guerrilla más antigua de América abandone la actividad armada.

Queda por ver hoy, cuando se desglose el contenido del acuerdo, cuál ha sido el punto medio en el que los negociadores se han encontrado para cerrar el último punto a debatir, con el que concluye el grueso de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc.

Lo que sigue
Por delante queda ahora acordar el mecanismo de refrendación de los acuerdos y los famosos "flecos" sobre los que han advertido los analistas después de cerrar cada apartado, es decir, los asuntos puntuales que quedaron sin definir y que deberán encontrar su final antes de que la paz se firme de forma definitiva.

¿Cuándo llegará ese momento? El presidente, Juan Manuel Santos, se arriesgó el lunes a pronosticar un desenlace feliz el próximo 20 de julio, fecha en la que se celebra la independencia del país, pero en el otro lado el líder de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, afirma que aún quedan cosas por hablar y que poner plazos es dañino.

Después de medio siglo de un conflicto que dejó más de siete millones de víctimas entre asesinados, secuestrados, desaparecidos, desplazados, abusados sexualmente y otros tipos de ataques, que la paz se firme en cuestión de días o semanas es un triunfo para los colombianos.

El plebiscito para el 4 o el 11 de septiembre

De forma sigilosa y secreta no solo avanzaron las discusiones finales de los puntos de la agenda de negociación con las Farc, sino que con una fina filigrana política el Gobierno ha avanzado de forma amplia en el mecanismo en que se desarrollará el plebliscito por la paz.

Lo primero que hizo el Ejecutivo fue tener claro de que en la Corte Constitucional hubiese la certeza de que la ley que aprobó el Congreso sí logre su ratificación. Esto ya se logró hace una semana cuando se conoció el sentido de fallo del magistrado ponente, Luis Ernesto Vargas. El jurista tan solo condicionaría el uso de los recursos públicos para la campaña por el Sí.

Las cuentas del Gobierno llevan a esperar a que esa decisión sea antes de finalizar la primera semana de julio. El presidente Santos informará al Congreso su intención de convocar a este plebiscito y la fecha en que se llevará a cabo la votación. 

El día de la votación ya también se tiene pensado. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, les ha informado a los voceros de los partidos que acompañan el proceso de negociación que la fecha es el domingo 4 o el domingo 11 de septiembre.