COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Corte Constitucional emitió una sentencia histórica sobre la grave situación humanitaria que persiste en el sistema carcelario en el país, por lo que ordenó una serie de medidas urgentes al Gobierno Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
En primer lugar, la Corte declaró nuevamente el estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria, al estimar que las condiciones actuales son distintas a las que motivaron una primera declaratoria en 1998.
En esta determinación, la Corte asevera que una vez más hay un estado de cosas inconstitucionales por cuanto los derechos de las personas privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada. Ordena de forma inmediata que se conforme una brigada jurídica, para que en tres meses empiece a entregar la mayor cantidad de solicitudes de libertad que, según el orden jurídico, deban ser reconocidas en las prisiones Modelo de Bogotá, de Cúcuta, la cárcel Tramacúa de Valledupar, de Barrancabermeja, la de San Isidro Popayán y Bellavista en Medellín. Esto aplicaría para penas cumplidas
“Si en tres años no se han adoptado las medidas adecuadas y necesarias para que los establecimientos carcelarios dejen de ser, en su diseño y funcionamiento, contrarios a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, estos deberán ser cerrados hasta tanto se aseguren condiciones de reclusión respetuosas de la dignidad y se aseguren el goce efectivo de derechos”, señala la sentencia.
También ordenó que en dichos penales se ajusten los horarios de comida al común de la sociedad, que haya agua potable en cantidad y frecuencia requeridos por los internos. Estas medidas se deberán empezar a implementar en 48 horas, al igual con la disponibilidad continúa del servicio médico, con medicinas y personal suficiente, y que se haga la dotación de un colchón, cobija, sábana y almohada para todos aquellos presos que no tienen una celda.
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