EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
El relator especial de la ONU, Michel Forst, dijo ayer en Bogotá que la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia "es horrible" y que percibe que "hay una ambición por parte del Gobierno" de mejorarla, tras reunirse con el presidente, Iván Duque.
Forst recorrió Colombia durante 14 días en una visita en la que conoció de primera mano la situación de los defensores y subrayó que el Gobierno tiene que ir más allá "del compromiso formal", razón por la que espera volver al país "en los próximos meses para monitorear junto con el actual Gobierno el nivel de implementación de las recomendaciones que ha hecho".
Asimismo, aseguró que durante estos 14 días ha percibido "en las reuniones con los defensores" el miedo que sienten, lo que le ha "horrorizado y consternado".
Por eso, ha intentado capturar en el informe que se publicará hoy La voz de los defensores, así como la forma "como ellos se preocupan frente al Gobierno y la comunidad internacional" acerca de "la gravedad de los ataques que enfrentan y el hecho de que queden indefensos".
El funcionario también destacó que hace 10 años que ningún relator de la ONU era invitado a Colombia, lo que considera que era una señal de que "algo no funcionaba bien en términos" de su mandato.
Por eso, destacó la voluntad del Gobierno de Duque de invitarlo y recibirle en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.
En este sentido comentó que el informe incluye elementos para que el Gobierno pueda "decidir sobre una nueva política ambiciosa para la situación de los defensores y también para la prevención de los riesgos que enfrentan en tantas partes del país".
Agregó que durante su visita ha escuchado alegatos "concretos que vienen de organizaciones locales" acerca de que varias compañías internacionales "pueden haber estado involucradas directa o indirectamente" en los ataques contra defensores.
Por eso, Forst invitó a esas compañías para que dialoguen acerca de las denuncias puesto que lo considera "bastante preocupante", especialmente "de las industrias extractivas".
A esas empresas les enviará "cartas de alegato" que tienen un margen de 60 días para responder, si bien su respuesta la publicará con el Estado colombiano.
Según cifras oficiales, 343 lideres sociales han sido asesinados en los últimos dos años.
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