"Objeciones a la JEP no perjudican la paz": Néstor Humberto Martínez

Colprensa | LA PATRIA

Tras la decisión del Gobierno Nacional de objetar seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) distintos organismos han dado a conocer su posición al respecto. En este caso el turno fue para el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira, quien manifestó que la medida no comprometerá la paz.

“La institucionalidad de la República no puede estar en entredicho cuando los poderes actúan en el marco de sus competencias. el trámite de estas cuestiones no compromete para nada la paz, ni mucho menos causa una herida a la JEP - que ha venido actuando durante estos dos años sin traumatismos- y, por el contrario, constituye una valiosa oportunidad para que, bajo el liderazgo del jefe del Estado, los distintos sectores de la vida nacional procuren un consenso al respecto”, expresó el fiscal Martínez.  

La cabeza del ente acusador resaltó que desde tiempo atrás ha manifestado su “preocupación” acerca de que los delitos sexuales contra menores se beneficien del régimen de transición hacia la paz, así como a lo consignado en el texto final del Acuerdo de Paz.

“Desde el pasado hemos manifestado y hoy insistimos, que es un pésimo mensaje para el país que los desmovilizados puedan mantener el régimen de beneficios de la justicia transicional, si continúan con cultivos de coca después de la firma de los acuerdos y que los reinsertados puedan reincidir en el secuestro, el narcotráfico, el homicidio y la extorsión, manteniendo beneficios de la JEP, así sea con gradualidad”, argumentó Martínez.  

En declaración desde el búnker celebró la iniciativa de reforma constitucional a tres puntos de las objeciones en el que prima los delitos sexuales contra menores en el marco del conflicto armado. Así mismo, se planteó una serie de cuestionamientos sobre lo que es conveniente para la justicia transicional.

“¿Es conveniente que la reparación de las víctimas del conflicto armado quede a cargo exclusivamente del Estado y se excluya a los victimarios de este deber de reparación, manteniendo intangible su patrimonio ilícito? ¿Es conveniente que el gobierno no pueda excluir de las listas de desmovilizados a personas a quienes se les compruebe que son narcotraficantes reconocidos, ajenos a los movimientos reinsertados, para que gocen de los beneficios de la JEP?”, se preguntó Martínez.