"No habrá impunidad y se sancionará a quienes cometieron delitos de guerra": presidenta de la JEP

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTA

Este martes, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, le salió al paso al fiscal General, Néstor Humberto Martínez, quien le hizo llegar una carta al Presidente de la República, Iván Duque con algunos reparos de la Ley Estatutaria de la JEP.

En la misiva, el fiscal manifestó sus reparos sobre cuatro puntos de la Ley que a su modo de ver pueden permitir la impunidad de ser sancionados por el presidente.

En respuesta a ese pronunciamiento, la presidenta de la justicia transicional consideró: "Debo manifestar que no habrá impunidad, precisamente el modelo y la Jurisdicción en concreto fue diseñada para garantizarles a las víctimas y al país que no habrá impunidad que no se incumplirán los compromisos en la materia y que se sancionará a quienes hayan cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto”.

Linares expresó que, contrario a lo dicho por el fiscal, no hay ambigüedades en la aplicación de la ley. La competencia de la Jurisdicción abarca solo los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. "Los delitos que se cometan después de esa fecha son competencia de la jurisdicción ordinaria y la Fiscalía mantiene su competencia y debe investigar ese tipo de delitos cometidos con posterioridad a la fecha".

Para Linares, quien consideró que lo que sucedió con el fiscal es un debate político que se está reabriendo luego de que el presidente aseguró que sancionaría la norma, es un debate que no le corresponde la Justicia transicional.

La presidenta, que catalogó la acción de Martínez como política es porque a su juicio, en el ámbito jurídico ya se surtió todo el proceso “Son debates políticos porque jurídicamente ya se ha surtido el control constitucional (...) A nosotros nos corresponde cumplir de manera estricta a la Constitución, las leyes y la jurisprudencia a la que estamos sometidos como jueces de la República que somos”.

“Yo le reiteró que los debates políticos deben darse en el espacio y ámbito político que corresponde y le reitero que nosotros estamos cumpliendo una función que garantiza no una impunidad a los delitos de guerra y que los reincidentes que cometan delitos posterior a la firma final, son de competencia de la justicia ordinaria”, aseguró Linares.

Para la Presidenta, la normativa del ente que preside debe entrar en vigencia para que brinde garantías a las víctimas y sus comparecientes. Si bien, la JEP está activa desde el 15 de enero del año pasado y ha venido funcionando sin esa norma porque así lo establece la Constitución, la misma debe ser sancionada por el Presidente de la República.

“Es importante que la Ley entre en vigencia porque indudablemente genera mucha más seguridad jurídica, se pueden superar debates en torno a la garantía del debido proceso y se puede aplicar la norma especial producida para el tipo de procesos que desarrolla la JEP”, precisó Linares.

La presidente confía que el mandatario de los colombianos sancione la normativa, al menos así quedó consignado días atrás en una conversación que sostuvo con Duque. “El presidente expresó que él sabía de la importancia y necesidad de la JEP para la paz y para el país”.

Sobre la cantidad de comparecientes que están en la JEP Linares aseguró que tienen un poco más de 11.000 personas en dicha entidad.

El reporte entregado por la Justicia transicional da cuenta de que 9.691 excombatientes de las Farc suscribieron acta de compromiso, 1.958 miembros de la Fuerza Pública también lo hicieron. Así como también se suscribieron 39 personas como agentes del Estado diferente a la Fuerza Pública y en una mínima cuantía, 12 personas que hacen parte del denominado grupo protesta social.

Los señalamientos de la Presidenta se registraron luego de que el fiscal Néstor Humberto Martínez, hiciera llegar una misiva de nueve páginas al presidente de la República en la cual hacía reparos a la ley.

Reparos

- Los delitos de ejecución permanente, según el fiscal, seguirán sometidos a investigación de la JEP y eso permitiría que los desmovilizados no pierdan sus beneficios a pesar de que continúen cometiendo  delitos como el narcotráfico.

- De acuerdo con el fiscal, la norma establece que la reincidencia se refiere solo a que los desmovilizados tomen de nuevo las armas y no a que delincan. Eso, según Martínez, permite a los reinsertados que reincidan en delitos como secuestro y narcotráfico continuar con beneficios.

- La norma también impide, según el fiscal, que la entidad a su cargo continúe adelantando investigaciones relacionadas con el conflicto armado, mientras la JEP asuma los casos.

- Y finalmente, también de acuerdo con Martínez, el texto aprobado por la Corte Constitucional permitiría que se le otorgue amnistía a los autores de crímenes de guerra.

Los cuatro temas, según el fiscal, fueron discutidos en el Congreso, pero fueron modificados en el texto final de la ley, que llegó a manos del presidente para su firma.